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El Tribunal Internacional de Comercio de Singapur congeló aproximadamente S$75 millones, equivalentes a unos USD $58 millones, en Bitcoin ($BTC) y USD Coin ($USDC), en el marco de una disputa sobre una transferencia presuntamente errónea.
La orden provisional impide a un cliente de larga data disponer, negociar o reducir el valor de $BTC 780 y $USDC 816.773, así como de cualquier activo, ganancia o interés derivado de esas tenencias.
La decisión surgió de una demanda presentada por un grupo anónimo de empresas que opera lo que el tribunal describió como una de las plataformas de comercio de activos digitales más grandes del mundo. Las partes aparecen en los documentos como DVA, DVB y DVC, mientras sigue pendiente una solicitud de confidencialidad que busca mantener sus identidades reservadas.
El panel judicial concedió la medida el 26 de marzo, después de una audiencia ante el juez del Tribunal Superior de Singapur Aidan Xu y los jueces internacionales del SICC Anthony Meagher y David Goddard. Además de congelar los activos, ordenó al demandado revelar dónde se encuentran las criptomonedas en disputa y las ganancias obtenidas a partir de ellas.
Los magistrados rechazaron, por ahora, conceder autorización anticipada para que la plataforma utilizara esa información con el fin de buscar medidas cautelares similares en otros países. Sin embargo, dejaron abierta la posibilidad de que los reclamantes regresen al tribunal para pedir permiso específico si necesitan iniciar procedimientos civiles fuera de Singapur.
El origen del error en las carteras
El conflicto se remonta a dos carteras especializadas que en algún momento reflejaron saldos de $BTC 2.500 y $BCH 2.500. Según el fallo, se trataba de un producto de autocustodia que exigía varias credenciales de seguridad, incluida una clave de usuario que solo controlaba el cliente.
La plataforma dejó de ofrecer soporte para ese producto en abril de 2018, aunque los usuarios todavía podían acceder temporalmente a sus fondos mediante una herramienta de código abierto sin respaldo oficial. En marzo de 2020, todo el saldo de $BTC 2.500 y $BCH 2.500 salió de esas carteras, que quedaron efectivamente vacías según los registros de la cadena de bloques.
El grupo empresarial alegó que un problema técnico impidió registrar correctamente los retiros en sus libros mayores internos. Como el sistema continuó mostrando los activos como si permanecieran en las carteras especializadas, las compañías operaron durante años bajo la premisa de que el cliente todavía tenía derecho a esos saldos.
Un gerente de relaciones intentó ayudar al usuario a recuperar lo que la plataforma consideraba fondos atrapados en un producto descontinuado. Basándose en sus registros contables, el grupo transfirió en julio de 2024 otros $BTC 2.500 y $BCH 2.500 a cuentas pertenecientes al cliente, aunque los reclamantes sostienen que esos activos procedían de sus propias reservas en carteras ómnibus.
La plataforma afirma que la transferencia ocurrió únicamente porque su sistema interno mostraba de manera incorrecta los saldos antiguos. El cliente, en cambio, cuestiona esa interpretación y sostiene que los activos recibidos le pertenecían legítimamente, una diferencia que será central en el juicio principal.
Los movimientos que activaron la demanda
Después de recibir las transferencias de julio de 2024, el demandado comenzó a retirar parte de las criptomonedas de la plataforma. El 13 de julio convirtió $BTC 20 en aproximadamente $USDC 816.773 y envió las stablecoins a una cartera no alojada, es decir, una dirección cuyo control no depende directamente de un proveedor de servicios.
Entre el 17 de julio y el 10 de noviembre, cinco retiros trasladaron otros $BTC 380 a una dirección externa distinta. El 24 de noviembre salieron $BTC 200 adicionales y el 7 de enero de 2025 se transfirieron otros $BTC 200, con lo que una tercera cartera externa acumuló $BTC 400.
Los reclamantes también informaron que $BTC 150 de esa última cartera se movieron posteriormente a otra ubicación en febrero de 2026, según las pruebas presentadas ante el tribunal. A su juicio, las transacciones posteriores relacionadas con $BTC 380 y $USDC 816.773 dificultaron determinar el paradero actual de los activos.
El demandado no negó haber realizado las operaciones, pero sostuvo que utilizaba criptomonedas que le pertenecían. Explicó que mantenía grandes saldos y una actividad extensa dentro de la plataforma, por lo que confiaba en que el operador llevara un registro correcto de sus posiciones y entendía que los activos recibidos en julio de 2024 eran propios.
Para cuando la plataforma intervino, $BTC 1.700 y la totalidad de $BCH 2.500 transferidos en julio todavía permanecían en las cuentas del cliente. Las empresas congelaron esas carteras el 29 de enero de 2025 y volvieron a acreditar los activos restantes en un intento por revertir parte de la operación, pero no lograron recuperar los $BTC 780 y $USDC 816.773 que ya habían salido del sistema.
Las reclamaciones sobre propiedad y enriquecimiento
El procedimiento comenzó en noviembre de 2025 ante la División General del Tribunal Superior de Singapur y luego pasó, por consentimiento de las partes, al SICC. La demanda de 62 páginas plantea cuatro causas de acción: enriquecimiento injusto, una reclamación de propiedad, engaño o representación negligente y una presunta violación de las disposiciones contractuales que regulan los servicios de la plataforma.
Los reclamantes también buscan una declaración judicial que establezca que el demandado mantiene los activos en disputa bajo un fideicomiso constructivo para una de las empresas. En ese escenario, el cliente tendría que devolver las criptomonedas identificables y cualquier ganancia trazable obtenida a partir de ellas.
La plataforma sostiene que las transferencias de julio de 2024 nacieron de una interpretación equivocada de los saldos históricos de las carteras. También afirma que el cliente sabía del error, o que al menos debió advertirlo, y que aprovechó la confusión para conservar fondos que no le correspondían.
El cliente rechazó esa versión y señaló que no recordaba haber ejecutado las transferencias de marzo de 2020, aunque aceptó que los registros de la cadena de bloques demostraban que ocurrieron. También argumentó que la admisión de la plataforma sobre sus registros defectuosos debilitaba su afirmación de que los activos acreditados en 2024 pertenecían a las empresas demandantes.
La defensa añadió que las criptomonedas transferidas podían representar activos del propio cliente mantenidos en otra parte de la plataforma o fondos pertenecientes a otros usuarios. Además de negar que hubiera conocido algún error, presentó una reconvención por los activos que todavía permanecen congelados o por una compensación equivalente a su valor.
Por qué el tribunal impuso el congelamiento
En esta etapa provisional, el panel de tres jueces concluyó que existía una cuestión seria de propiedad que debía resolverse en el juicio. Los magistrados consideraron discutible que los saldos de las carteras especializadas fueran realmente cero antes de los créditos de julio de 2024 y que la plataforma hubiera transferido los activos debido a sus registros internos incorrectos.
El tribunal también encontró una base discutible para afirmar que el cliente conocía el error, ya fuera cuando recibió las transferencias o, como máximo, después de que la plataforma descubriera el problema y lo contactara en 2025. Bajo esa hipótesis, los activos identificables y las ganancias rastreables podrían quedar sujetos a un fideicomiso constructivo en favor de los reclamantes.
La necesidad de la medida cautelar se relacionó con el riesgo de que la plataforma ganara el juicio, pero no pudiera recuperar los fondos si estos se movían o disipaban. Los jueces observaron que el demandado había utilizado parte de los activos en disputa como garantía para un préstamo destinado a cubrir costos legales y no había aportado información actualizada sobre su situación financiera o sus tenencias.
Esos elementos generaron dudas suficientes sobre la capacidad del cliente para satisfacer una eventual sentencia de cuantía significativa. Al mismo tiempo, la plataforma se comprometió ante el tribunal a compensar las pérdidas provocadas por la medida si posteriormente se determina que la orden no debió concederse.
La orden de divulgación obliga al demandado a identificar el paradero de los activos cubiertos, incluidas las criptomonedas controladas mediante terceros que actúen bajo sus instrucciones directas o indirectas. El SICC dejó a ambas partes con la posibilidad de volver ante los jueces, mientras la disputa avanza hacia la determinación definitiva de quién tenía derecho a los fondos transferidos.
El caso ilustra los riesgos que pueden surgir cuando los registros internos de una plataforma no coinciden con los movimientos verificables en la cadena de bloques. Aunque la tecnología permita rastrear transacciones, la atribución jurídica de los activos, la intención del usuario y las obligaciones contractuales todavía requieren una decisión judicial.
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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.
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