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El Senado de Estados Unidos ha decidido dejar en suspenso, por ahora, la CLARITY Act, la ley de estructura de mercados digitales, al dar prioridad a un proyecto de ley sobre sanciones a Rusia y a varias nominaciones federales, cuando solo quedan dos semanas antes del inicio del receso de verano, previsto para el 8 de agosto.
Según informan distintas fuentes, el retraso no es el único problema, ya que el proyecto aún no está listo para ser votado. Demócratas y republicanos continúan negociando un compromiso sobre una de las disposiciones más controvertidas: la prohibición de que altos cargos del Gobierno, incluido el presidente Donald Trump, puedan respaldar o participar en proyectos relacionados con criptomonedas.
Anteriormente se había informado que Trump habría aceptado una cláusula que se ajuste a las demandas del Partido Demócrata, que exigían normas para evitar que funcionarios públicos puedan beneficiarse personalmente del mercado cripto mientras impulsan leyes favorables a ese sector. En el centro de la disputa se encontraban las 'memecoins' de Trump y la empresa de su familia, World Liberty Financial (WLF). En las declaraciones financieras publicadas el mes pasado se mostró que Trump recibió millones de dólares relacionados con WLF, lo que intensificó el debate sobre las salvaguardas éticas.
Si estas diferencias persisten, podrían reducir significativamente las posibilidades de que la ley sea aprobada en 2026, generando una mayor incertidumbre sobre el calendario regulatorio para los activos digitales en Estados Unidos.
En caso de que no se apruebe la CLARITY Act, los expertos de 'CoinDesk' indican que las principales vías para avanzar en la regulación del sector serían la aplicación progresiva de la ley GENIUS de 'stablecoins', aprobada ya el año pasado, o iniciativas regulatorias impulsadas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
Aunque una versión similar de la CLARITY Act ya fue aprobada previamente por la Cámara de Representantes, el Senado ha sido tradicionalmente el principal obstáculo para este tipo de iniciativas. En un primer momento, el proyecto estuvo bloqueado durante meses debido al enfrentamiento entre la industria de las criptomonedas y el sector bancario sobre el tratamiento del rendimiento ofrecido por las 'stablecoins'. Finalmente, ambas partes alcanzaron un compromiso que limitó los programas de recompensas de estas monedas digitales para evitar que compitieran directamente con los depósitos bancarios remunerados. Posteriormente, el foco del debate pasó a centrarse en las ya mencionadas restricciones aplicables a los altos cargos públicos en materia de criptomonedas.
La Cámara de Representantes y el Senado volverán a reunirse durante unas semanas en septiembre, pero ese será prácticamente el último periodo con tiempo legislativo disponible. Además, la mayoría de analistas políticos esperan que haya poco movimiento tras el verano ya que el foco se trasladará a las elecciones de medio mandato.
Tras las elecciones de noviembre, el Congreso entrará en el denominado periodo de 'lame duck', durante el cual los legisladores derrotados o que abandonan la política permanecen en sus cargos hasta el inicio de la nueva legislatura en enero. Estas sesiones finales a veces permiten aprobar leyes mediante acuerdos de última hora, aunque también pueden verse bloqueadas por la parálisis política.
Incluso si la CLARITY Act supera el trámite del Senado, todavía deberá regresar a la Cámara de Representantes para una nueva aprobación. Allí, las últimas divisiones internas entre los republicanos han dificultado la tramitación de otras iniciativas legislativas.
Por otro lado, habría que salvar un veto por parte de Trump. En las últimas semanas, el presidente se ha negado a firmar un proyecto de ley bipartidista sobre vivienda, argumentando que no aprobará nuevas leyes hasta que el Congreso le envíe una norma que exija nuevos requisitos de identificación de los votantes antes de las elecciones de mitad de mandato. Cabe señalar que si el presidente no actúa sobre una ley aprobada durante un plazo de 10 días, esta entrará automáticamente en vigor, siempre que se cumplan los requisitos constitucionales.