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Virginia dio un nuevo paso en la regulación de activos digitales en Estados Unidos tras promulgar una ley que actualiza su marco de propiedad no reclamada para incluir criptomonedas y otras tenencias digitales. La medida introduce un tratamiento específico para cuentas inactivas y limita la posibilidad de que esos fondos sean convertidos rápidamente a efectivo por parte del estado.
La ley fue firmada el lunes por la gobernadora Abigail Spanberger y corresponde al proyecto HB 798, presentado por el delegado C.E. Cliff Hayes Jr. [D]. El texto modifica la Ley de Disposición de Propiedad No Reclamada de Virginia y entrará en vigor el 1 de julio de 2026.
En términos prácticos, la norma exige que las criptomonedas no reclamadas se mantengan en su forma original, es decir, en especie, cuando sea posible transferirlas al estado. Además, prohíbe al tesorero estatal vender cualquier activo digital entregado durante al menos un año.
La decisión coloca a Virginia dentro de una tendencia creciente entre estados que buscan evitar que las criptomonedas inactivas sean liquidadas automáticamente. Ese cambio responde a un problema concreto: cuando el estado vende activos sin aviso efectivo al propietario, la operación puede generar consecuencias tributarias y eliminar la posibilidad de recuperar ganancias futuras si el mercado sube.
Qué cambia con la nueva ley
HB 798 establece un marco estatutario específico para cuentas de activos digitales inactivas. Según el texto, las criptomonedas mantenidas en cuentas sin actividad se presumirán abandonadas después de cinco años, salvo que el propietario muestre señales de uso, como iniciar sesión o realizar transacciones.
Ese plazo de cinco años fue visto como razonable por parte de algunos actores del sector. Paul Howard, director sénior de la firma de trading de criptomonedas Wincent, dijo que esa duración puede contribuir a mejorar la confianza en el ecosistema y dar mayor previsibilidad a la forma en que los estados manejan activos digitales sin reclamar.
La ley también distingue entre distintos niveles de control técnico sobre los fondos. Los tenedores con acceso completo a la clave privada deberán transferir los activos inactivos al estado en su forma nativa. En cambio, quienes solo tengan acceso parcial deberán conservarlos hasta que sea posible una transferencia completa.
Para los casos donde existan obstáculos operativos, la norma contempla una salida. Si un tenedor considera razonablemente que no puede liquidar activos digitales, deberá notificarlo por escrito al administrador correspondiente. Luego, el estado determinará un curso de acción alternativo.
Custodia en especie y límites a la liquidación
Uno de los puntos centrales de la legislación es la obligación de preservar los activos en especie. En el contexto cripto, esto implica mantener la tenencia como Bitcoin u otro token original, en vez de venderlo y convertirlo a dólares antes de su entrega o custodia estatal.
Ese detalle no es menor. Cuando una criptomoneda se liquida de manera anticipada, el dueño pierde la posibilidad de beneficiarse de una eventual apreciación del activo. Además, una venta forzosa puede ocurrir en un momento de baja del mercado, consolidando pérdidas que no necesariamente existirían si el titular tuviera más tiempo para reclamar.
El texto legal indica que el administrador podrá ordenar posteriormente al tenedor de activos digitales no reclamados que liquide los activos reportados pero no remitidos, aunque no antes de que haya transcurrido al menos un año desde la presentación del informe. Ese período actúa como una ventana de protección adicional para los propietarios.
La ley también contempla un criterio favorable para quienes reclamen dentro de ese plazo. Si el propietario presenta su solicitud a tiempo, tendrá derecho al mayor valor entre el producto de una eventual venta o el precio de mercado al momento de la reclamación.
Reacción de la industria y contexto regulatorio
La iniciativa obtuvo un respaldo contundente en la legislatura estatal. HB 798 fue aprobada en la Cámara por 96 votos contra 2 y luego avanzó en el Senado por 40 votos a 0 antes de llegar al despacho de Spanberger.
Paul Grewal, director jurídico de Coinbase, celebró la medida y la describió como una buena noticia. Según expresó, la norma actualiza el estatuto estatal de propiedad no reclamada para incluir activos digitales y garantiza que esos fondos sean entregados al estado en especie.
Howard también valoró el alcance del proyecto. A su juicio, la ley ayuda a establecer procedimientos y a reconocer el valor de los activos digitales, al tiempo que define una forma de custodia estatal sobre bienes no reclamados en vez de ampliar el control estatal sobre activos privados.
Desde esa perspectiva, añadió que la reforma podría fortalecer a Virginia como una jurisdicción en la que empresas e individuos se sientan más seguros al domiciliar patrimonios o tenencias vinculadas con criptomonedas. Para una industria que suele exigir claridad legal y operativa, ese tipo de señales puede resultar relevante.
Virginia se suma a otros estados
El cambio aprobado en Virginia no ocurre en aislamiento. En octubre del año pasado, California promulgó la Ley del Senado 822, una medida que también prohíbe la liquidación forzosa de criptomonedas no reclamadas y permite su conversión solo entre 18 y 20 meses después de la presentación, con reclamantes que conservan derecho a sus activos o al producto de la venta.
De acuerdo con la información publicada por Cointelegraph, Arizona también avanzó en esta dirección en mayo del año pasado, al firmar una ley que permite al estado tomar posesión de criptomonedas no reclamadas después de tres años y colocarlas en un fondo de reserva administrado por el estado.
Estas diferencias entre estados muestran que en Estados Unidos sigue formándose un mosaico regulatorio en torno a los activos digitales. Sin una regla federal única para todos los casos de propiedad no reclamada, cada jurisdicción explora cómo adaptar sus normas tradicionales a instrumentos que dependen de claves privadas, custodia técnica y alta volatilidad.
Para usuarios y empresas del sector, ese proceso importa porque define quién puede retener, transferir o vender fondos cuando una cuenta deja de registrar actividad por largos períodos. También determina cómo se protegen los derechos de propiedad cuando el activo involucrado no es dinero en efectivo, sino un token con dinámica propia de mercado.
Confianza, liquidez y ejecución
Howard sostuvo que normas como la de Virginia deberían alentar a los organismos estatales a trabajar con proveedores de liquidez reputados y contrapartes reguladas del sector cuando llegue el momento de liquidar tenencias. El objetivo sería reducir errores de ejecución y evitar ventas mal coordinadas.
Como ejemplo, mencionó la venta masiva de Bitcoin realizada por Alemania en julio de 2024. Esa operación se convirtió en una referencia frecuente dentro de la industria sobre los riesgos de ejecutar grandes liquidaciones sin suficiente sensibilidad al mercado.
En opinión del ejecutivo, el enfoque adoptado en Estados Unidos podría favorecer una relación más cuidadosa con mesas OTC para este tipo de operaciones. En mercados de alta volatilidad, la forma de vender puede influir tanto como la decisión de vender.
Más allá de los detalles técnicos, la ley de Virginia refleja una idea de fondo cada vez más aceptada en la política pública: las criptomonedas ya no pueden tratarse simplemente como una variante digital del efectivo. Su custodia, su valor de mercado y las implicaciones para el propietario exigen reglas más específicas, y Virginia acaba de formalizar ese criterio en su legislación.
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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA
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