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La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, y la Gobernadora Kathy Hochul demandaron el jueves a la empresa estadounidense de Polymarket, proveedor de mercados de predicción, alegando que la plataforma opera un negocio de apuestas ilegales en el estado.
El demanda, presentada contra QCX LLC, que opera bajo el nombre de Polymarket US, solicita a un tribunal que impida a la empresa operar en Nueva York sin una licencia de juego. El estado también quiere que Polymarket entregue lo que afirmó son ganancias obtenidas ilegalmente, pague restitución a los clientes y enfrente multas equivalentes a tres veces esas ganancias.
Polymarket lanzó su plataforma en EE. UU. en diciembre de 2025 con mercados que permiten a los usuarios apostar dinero sobre los resultados de eventos deportivos. La compañía indicó en ese momento que planeaba expandirse a otros tipos de mercados.
Nueva York argumentó que esos contratos equivalen a apuestas según la ley estatal porque los usuarios están apostando dinero en eventos con resultados inciertos. El estado también señaló que Polymarket permite que personas de entre 18 y 20 años usen la plataforma, mientras que Nueva York exige que los usuarios tengan al menos 21 años para participar en apuestas deportivas móviles.
Un portavoz de Polymarket no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.
El caso se suma a una creciente disputa entre los mercados de predicción y los reguladores estatales de juegos de azar sobre quién tiene la autoridad para supervisar los productos.
Las empresas de mercados de predicción sostienen que sus contratos de eventos son productos financieros supervisados a nivel federal por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Los estados han adoptado una postura diferente, especialmente cuando los contratos involucran deportes, argumentando que los productos son en esencia apuestas y deben cumplir con las normas estatales de juego.
Nueva York ha sido uno de los estados más activos en esa lucha. El estado demandó a Kalshi en julio después de que las negociaciones entre la empresa y la oficina de Hochul fracasaran, buscando hasta 36 mil millones de dólares en multas y restituciones. Muchos de estos casos judiciales han llegado a tribunales de apelación, y un caso reciente entre Kalshi y Nueva Jersey ha sido apelado ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.