Con el nuevo esquema, la policía transfiere los activos a Upbit Custody y la empresa los mantiene en billeteras frías, es decir, dispositivos desconectados de internet. Dunamu guarda los dispositivos físicos en instalaciones seguras separadas que opera la compañía, en lugar de dejar la custodia cotidiana en manos de investigadores individuales.
El servicio utiliza cómputo multipartito y generación distribuida de claves, mecanismos que reparten el control criptográfico entre varias partes en vez de concentrar el acceso en una sola persona. La infraestructura también emplea tecnología de multisignatura, que exige varias autorizaciones para ejecutar transacciones, y contempla billeteras separadas según la criptomoneda y el propósito de almacenamiento.
La custodia cambia de manos según avance cada causa: mientras la investigación siga abierta, los activos permanecerán en el servicio; cuando el caso pase a proceso, las autoridades transferirán los fondos a una cuenta conectada con los organismos encargados de la persecución penal. El diseño establece así una transición formal entre la conservación de evidencia y las etapas posteriores del procedimiento.
Upbit aporta soporte técnico y cobertura de pérdidas
El acuerdo asigna a Upbit tareas que van más allá del almacenamiento. La compañía dará orientación a los investigadores para transferir criptomonedas entre distintas redes blockchain, cubrirá las tarifas asociadas con esas transferencias y mantendrá soporte técnico las 24 horas para los departamentos que gestionen incautaciones.
El servicio también incluye una garantía económica: según el acuerdo reportado por Segye Ilbo, Upbit compensará a la policía por el 100% de cualquier pérdida relacionada con los activos depositados bajo su custodia. Esa disposición fue uno de los requisitos del proceso de contratación, que pedía a los oferentes ofrecer custodia inmediata, asistencia continua y garantías frente a pérdidas.
La cobertura no alcanza a todas las criptomonedas. Los activos centrados en la privacidad, como Monero, no pueden almacenarse mediante Upbit Custody y seguirán bajo gestión policial en billeteras de hardware separadas, por lo que el nuevo sistema no elimina por completo la custodia directa de los investigadores.
Dunamu, operador de Upbit, obtuvo el contrato policial por un año después de participar en un proceso de contratación pública realizado a través del Servicio de Contratación Pública de Corea del Sur. La empresa había sido seleccionada como postor preferente el 8 de julio y recibió una puntuación técnica de 94,14 puntos antes de cerrar las negociaciones y asegurar el contrato final el 7 de agosto.
Las pérdidas previas motivaron la reforma
Antes de la externalización, los investigadores debían gestionar las billeteras de hardware y efectuar las transferencias de criptomonedas. Problemas con la protección de las frases de recuperación, que permiten acceder a los fondos de una billetera, contribuyeron a retiros no autorizados y a medidas disciplinarias contra los oficiales responsables, según la información publicada sobre los casos.
Uno de los episodios ocurrió durante una investigación iniciada en 2021 por la policía de Gwangju contra un sitio web de apuestas ilegales. Las autoridades comenzaron a incautar 1.798,3 $BTC, pero alguien que conoció la incautación utilizó una frase de recuperación mnemónica para retirar fondos; los investigadores consiguieron asegurar solo 320,8 $BTC.
La Fiscalía del Distrito de Gwangju también sufrió un incidente con bitcoins que habían pasado a su custodia: los activos se perdieron tras un ataque de phishing y posteriormente fueron recuperados. El caso mostró que los riesgos no se limitaban a la administración de billeteras por parte de la policía, sino que podían presentarse durante otras etapas del manejo institucional de los fondos.
En otro episodio, desaparecieron 22 $BTC guardados en una billetera de hardware de la Comisaría de Gangnam, en Seúl. La desaparición se confirmó en febrero de 2026 durante una inspección nacional sobre la gestión de pruebas cripto, aunque la billetera física seguía en poder de la policía; las autoridades detuvieron posteriormente a dos sospechosos en relación con el robo.
Un contrato que busca estandarizar la custodia
La selección de Dunamu provocó cuestionamientos de algunos participantes de la industria, que plantearon si los requisitos favorecían a grandes operadores de exchanges con infraestructura ya establecida. Los funcionarios policiales defendieron el proceso y afirmaron que la contratación se adjudicó mediante una competencia justa, de acuerdo con la información disponible sobre la licitación.
El despliegue nacional convierte una decisión de contratación en un cambio operativo para las unidades de investigación: la policía instruyó a sus departamentos a utilizar el proveedor y les entregó materiales de capacitación. Sin embargo, la información publicada no precisa cuánto tardará cada unidad en completar la transición ni detalla cuántos activos incautados ya ingresaron al servicio.
La separación de claves, las múltiples autorizaciones y el almacenamiento fuera de línea buscan reducir la dependencia de una sola persona o dispositivo. A la vez, la garantía de compensación y el soporte técnico trasladan parte de la responsabilidad operativa a Dunamu, aunque las criptomonedas excluidas, como Monero, continuarán sujetas al esquema anterior de billeteras de hardware.
El alcance de la reforma dependerá de cómo las autoridades apliquen los procedimientos en las investigaciones y de la coordinación entre policía, custodio y fiscalías cuando un caso avance. Por ahora, el cambio responde a pérdidas y accesos no autorizados documentados, con el objetivo de que las criptomonedas incautadas permanezcan protegidas mientras forman parte de una causa penal.
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