La ley tipifica diversos delitos informáticos, incluyendo el acceso ilícito a sistemas, interceptación ilegal de datos, fraude informático, falsificación informática, apropiación de identidad digital y abuso de dispositivos. Las penas aplicables oscilan en general entre dos y ocho años de prisión.
Estas sanciones penales se incrementarán si las acciones ilegales afectan a infraestructuras críticas, datos confidenciales o la seguridad nacional del Estado. Una infraestructura crítica comprende los sistemas esenciales cuyo fallo comprometería el funcionamiento de servicios vitales.
La legislación fija obligaciones de protección de datos y sistemas para entidades públicas, empresas y operadores de infraestructuras críticas. Asimismo, establece plazos para el reporte de incidentes, define reglas sobre evidencia digital y contempla mecanismos de cooperación internacional.
La norma aún no ha entrado en vigor. El Ejecutivo dispone de un plazo de 15 días para sancionarla antes de su publicación en el Diario Oficial, ocurriendo su entrada en vigencia 30 días después de dicha publicación oficial.
Una vez que la ley entre en vigor, el Ministerio de Gobernación contará con un periodo de seis meses para emitir el reglamento correspondiente que permitirá aplicar operativamente las disposiciones aprobadas por los diputados.
A nivel normativo, esta ley de protección digital convive con el régimen financiero sobre activos virtuales vigente en el país a través del Decreto 15-2026, la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, activa desde el 17 de septiembre de 2026, como reportó CriptoNoticias.
Esta aprobación parlamentaria también se produce tras una serie de ciberataques de alto impacto global reportados por CriptoNoticias, como la vulneración a gran escala del exchange Binance, el hackeo a BitMart y a bancos como es el caso de Crédit Mutuel Arkéa en Francia. Estos incidentes, que resultaron en el robo masivo de fondos y constituyen una crisis de ciberseguridad mundial sin precedentes, ejemplifican la presión internacional sobre los gobiernos para acelerar sus marcos de seguridad digital.
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