El objetivo general de la iniciativa, según la normativa oficial, es fortalecer la capacidad institucional del país para diseñar, coordinar, implementar y evaluar acciones enfocadas en la prevención, investigación y persecución de la ciberdelincuencia.
Según lo establecido en la normativa, el PRONACIB abordará de forma específica las modalidades delictivas que involucren el uso de activos virtuales.
En este sentido, la resolución destaca la necesidad de robustecer los mecanismos para la obtención, preservación, identificación, rastreo, trazabilidad, aseguramiento, incautación y análisis de dichos activos, así como de la evidencia digital asociada.
El documento argumenta que el desarrollo tecnológico transformó las dinámicas criminales, dando lugar a un fenómeno transnacional que facilita el ocultamiento de evidencias. Por ello, el programa impulsará la actualización permanente de las leyes penales y procesales, además de fomentar la elaboración de protocolos, guías de buenas prácticas y capacitaciones para los operadores del sistema de justicia.
Entre sus lineamientos, el PRONACIB promoverá la articulación entre los organismos del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sumando a fuerzas de seguridad, ministerios públicos y al sector privado, como los proveedores de servicios de activos virtuales y entidades financieras.
A nivel internacional, coordinará acciones con la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos, punto de contacto de la red prevista en el Convenio de Budapest, para optimizar la cooperación ante crímenes informáticos.
Asimismo, la resolución encomienda el análisis de los riesgos y oportunidades derivados de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes, evaluando su posible utilización para cometer ilícitos y su aplicación ética como herramienta de apoyo investigativo.
La conformación de este organismo se da en un escenario de creciente intervención judicial en Argentina sobre casos asociados a estafas con bitcoin (BTC) y criptomonedas.
Como antecedente reciente, el 22 de octubre de 2026 la Justicia de Salta dictó cinco días de prisión preventiva para un ciudadano imputado por presuntas estafas con bitcoin estimadas en USD 164.000. Tal como reportó CriptoNoticias, el acusado había prometido rendimientos mensuales del 10% y fue deportado desde Australia tras ser localizado por Interpol.
En paralelo, el 20 de octubre autoridades de Santa Fe confirmaron el primer secuestro de criptomonedas en la provincia, logrando incautar cerca de USD 400.000 vinculados a una red internacional de estafas. El operativo requirió que el Estado provincial abriera una billetera virtual propia para recibir y custodiar los activos digitales, los cuales permanecen congelados a la espera de que avance la causa para ser restituidos a los damnificados.
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