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Colombia captura a grupo de sicarios que cobraba en bitcoin

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Un operativo policial en el barrio Kennedy, en el noroeste de Medellín, llevó a la captura de nueve personas y dejó al descubierto una oficina de cobro que, según las autoridades, gestionaba homicidios selectivos mediante pagos en bitcoin (BTC). La intervención se precipitó tras una interceptación telefónica en la que un informante advertía sobre una ejecución inminente: «Ya mandaron el pago en bitcoin».

Las autoridades señalan que la vivienda intervenida funcionaba como centro de operaciones de una facción de la estructura criminal conocida como ‘La Oficina’, denominada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como “oficina premium”.

La Policía Nacional y la Fiscalía decomisaron ocho armas de fuego, incluyendo un subfusil tipo Uzi, además 29 celulares, tres computadores portátiles, dos tabletas y elementos de rituales asociados a prácticas de santería.

En la vivienda los investigadores hallaron un archivador con fichas que contenían datos detallados de presuntas víctimas, principalmente ciudadanos extranjeros (incluidos mexicanos y de otros países). Cada ficha incluía información como datos de inmigración, correos electrónicos y detalles familiares, junto a una casilla etiquetada como “valor” con códigos numéricos de tres dígitos (por ejemplo, 282, 323 o 378).

Según reportes de El Colombiano, una hipótesis inicial de la Fiscalía consideró que estos códigos podrían representar cantidades en bitcoin, pero la equivalencia resultaría en cifras superiores a los 17 millones de dólares por encargo, lo que las autoridades consideran desproporcionado y mantienen en análisis como posible código interno.

‼️🚨Gracias a Policía y Fiscalía se logró golpear a una oficina “premium” de cobro y sicariato al servicio de grupos criminales que delinquen en Medellín:

✅ 9 personas capturadas.
✅ 8 armas de fuego incautadas.

Según información coordinaban y emitían órdenes para ejecutar… pic.twitter.com/XFXhrXHYe8

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 12, 2026

Fuentes de la investigación citadas por El Tiempo indican que las tarifas por cada homicidio selectivo rondaban entre USD 400.000 y USD 500.000. Los reportes de varios medios atribuyen a la investigación preliminar que los pagos se pactaban en bitcoin para reducir la trazabilidad financiera.

Sin embargo, especialistas del sector señalan que a diferencia del efectivo o de cualquier otro activo, bitcoin opera sobre una red de contabilidad pública y permanente. Esta característica lo convierte en uno de los activos más transparentes del mundo, ya que cada transacción queda registrada de forma inalterable en su red, permitiendo a las unidades de inteligencia financiera rastrear el flujo de los fondos una vez que las direcciones de las wallets son identificadas.

Los nueve detenidos, identificados como Arley Olvany David David (señalado como coordinador), Laura Yecenia Hoyos Pérez y otros siete hombres, se declararon inocentes en las audiencias preliminares. La defensa argumenta que no existe prueba directa de su participación en homicidios específicos.

La Fiscalía imputó delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio y porte ilegal de armas, y dispuso el análisis forense de los dispositivos incautados para rastrear posibles transacciones y vínculos.

La estructura intervenida forma parte una organización criminal con décadas de presencia en Medellín que controla subestructuras en barrios y comunas. El alcalde Gutiérrez describió la operación como un “golpe” a una célula especializada en sicariato de alto impacto contra extranjeros y nacionales, pero no como desarticulación de la matriz completa.

La investigación continúa para establecer conexiones con homicidios previos y posibles redes transnacionales. No hay confirmación oficial de incautación de bitcoin o criptoactivos en el operativo.

Sin embargo, como lo ha informado CriptoNoticias, en Medellín, el uso de bitcoin también aparece en iniciativas de inclusión financiera. Organizaciones como Satoshi Team imparten talleres educativos gratuitos en sectores como Comuna 13, donde el acceso a servicios bancarios formales es limitado según datos de instituciones gubernamentales de Colombia.

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