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Minería de Bitcoin en Paraguay: la cuenta local detrás de los megavatios

source-logo  diariobitcoin.com 12 Noviembre 2026 12:43, UTC
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Paraguay concentra una parte creciente de la minería de Bitcoin de América Latina, un fenómeno que DiarioBitcoin ha documentado desde la compra de una granja por USD 85 millones hasta la advertencia de analistas de que la actividad ya consume cerca del 30% de la energía facturada del país. Este análisis contrasta lo que declaran las empresas con datos oficiales, documentos legislativos y voces locales, sin asumir de entrada si la balanza es favorable o no.

Divisas y tarifas: lo que ingresa

El sector opera bajo un régimen de consumo intensivo especial que la ANDE regula desde hace tres años y que hoy reúne a 41 empresas con una demanda conjunta de 943,8 MW, equivalente a cerca del 13,5% de la energía que corresponde a Paraguay de la represa de Itaipú, según reportó ABC Color. Para 2026, la estatal proyecta ingresos por USD 350 millones desde este grupo, un 18,6% más que el año anterior.

La última suba tarifaria para el sector, de entre 10% y 16%, abrió fricciones. Fernando Arriola, director de la Cámara Paraguaya de Fintech, advirtió que el ajuste puede dejar el costo de la energía por encima del que pagan las mismas empresas en Estados Unidos, con riesgo de frenar nuevas inversiones. HIVE reporta ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) un costo promedio de unos 4,5 centavos de dólar por kilovatio-hora, unos USD 45 por megavatio-hora sin IVA, según Forbes Paraguay.

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Lo que declara la mayor operadora

HIVE Digital afirma haber invertido más de USD 400 millones en Paraguay: USD 130 millones en construcción, USD 35 millones en depósitos de garantía ante la ANDE, más de USD 55 millones en impuestos y unos USD 140 millones en energía este año, además de USD 3,5 millones anuales en salarios. La compañía sostiene que ese monto equivale a casi 1% del producto interno bruto del país y que emplea a unas 290 personas, todas paraguayas, además de unas 500 que participaron en la etapa de construcción.

Son cifras declaradas por la empresa, que las fuentes revisadas no permiten contrastar de forma independiente. Lo verificable por fuera de la compañía es su reporte anual ante la SEC, donde consta el costo eléctrico. Su plan maestro apunta a 1.000 MW contratados, pero está condicionado: los contratos actuales vencen el 31 de diciembre de 2027 y la empresa pide extenderlos al menos diez años.

La discusión sobre la red eléctrica

En un panel del evento Acelerando Bitcoin recogido por ABC Color, el investigador en energía Victorio Oxilia estimó que la criptominería consume el equivalente a una turbina y media de Itaipú: sin esa demanda, el país tendría una holgura eléctrica de unos tres años; con ella, y un crecimiento moderado, el límite llegaría en 2029. Según sus cálculos con datos de 2024, estimaciones de un investigador y no una medición oficial, la actividad representa cerca del 30% de la energía facturada del país y apenas 0,24% del producto interno bruto.

La doctora en políticas energéticas Cecilia Llamosas matizó que los cerca de 900 MW en operación funcionan como cargas interrumpibles que se desconectan en minutos cuando la red se tensiona, y que el sector paga entre USD 48 y 56 por MWh. Oxilia apuntó otra alerta: el consumo residencial creció 14% en 2025, un salto que no explica la minería formal bajo contrato y que podría incluir minería irregular, a la que calificó de «competencia desleal» para quienes operan en regla.

Lo pendiente: reglas y fiscalización

La Cámara de Diputados aprobó en septiembre un pedido de informes a la ANDE sobre el volumen real de energía destinado a la criptominería, los ingresos por los contratos formalizados y el alcance de los controles, motivado por reiterados reportes de conexiones clandestinas. La Unión de Ingenieros de la ANDE, por su lado, propuso limitar a 700 MW el suministro para criptomineras, centros de datos e industrias similares, y adjudicarlo mediante subasta con un precio mínimo de USD 56 por MWh.

En el plano legal, al 15 de octubre de 2026, varios proyectos sobre criptoactivos y minería digital siguían en primer trámite en el Congreso, sin sanción y con algún dictamen de archivo, según consta en el sistema legislativo SILPY y en el seguimiento del especialista Metlabs. Ese trámite pendiente no equivale a una ausencia de reglas: el sector ya opera bajo el régimen tarifario especial de la ANDE, sus contratos vigentes y las normas generales del país. Las fuentes revisadas para este artículo no incluyen una medición pública e independiente del impacto de la actividad sobre la red ni del tamaño de la minería clandestina, un vacío de datos que no prueba nada en ninguna dirección.

Mientras se definen los contratos y las reglas del sector, la cuenta local queda abierta: ingresos formales en dólares y empleo declarado por un lado; por el otro, una demanda que, según los cálculos de Oxilia, acorta la holgura eléctrica del país. El pedido de informes de Diputados parte de la misma carencia que señalan los especialistas citados en las publicaciones revisadas: faltan datos públicos para que cada quien haga su propia cuenta.


Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

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