El rechazo de la iniciativa frena la creación del Mercado Eléctrico Nacional, un mecanismo que habría permitido la comercialización directa de energía y potencia entre generadores privados y grandes consumidores, cerrando las puertas a una apertura del sector en un país donde más del 98% de la electricidad proviene de fuentes renovables.
Esta rigidez en la comercialización condiciona de forma directa las operaciones para los centros de procesamiento de la red Bitcoin. Al tratarse de una actividad que exige suministro ininterrumpido y contratos de largo plazo a tarifas competitivas, la normativa actual impone severas restricciones.
Bajo la Ley 7200, las plantas privadas solo pueden venderle al ICE dentro de cupos limitados y sufren recortes o cancelaciones de contratos cuando existen excedentes en la red.
Debido a la ausencia de un mercado mayorista, un minero de Bitcoin no puede firmar acuerdos directos de compra con una hidroeléctrica o planta solar privada. Cualquier operador que busque instalar decenas de megavatios debe asumir las tarifas reguladas del estatal o consumir energía en una planta propia.
En consecuencia, la minería de Bitcoin permanece como una solución puntual para generadores con sobrante energético, sin consolidarse como una industria capaz de absorber sistemáticamente la electricidad no comprada por el organismo estatal.
Más allá de las negociaciones regulatorias, el freno a la reforma eléctrica expone tensiones estructurales frente al crecimiento de la demanda futura. Un análisis del Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) advierte que el avance de la electromovilidad y un crecimiento económico cercano al 4% podrían duplicar para 2040 el consumo eléctrico estimado por el ICE, cuya proyección oficial prevé un alza de apenas 2% a 2,5% anual.
En paralelo a esta limitación normativa, el marco legal para los activos digitales intenta abrirse paso por otra vía legislativa. Como reportó CriptoNoticias a inicios de este mes, la Cámara de Blockchain, Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes (CBIAT) se encuentra negociando con diputados de la propia agrupación oficialista un proyecto de ley para regular el sector de las criptomonedas y la inteligencia artificial en Costa Rica.
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