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La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de Paraguay ratificó que la minería ilegal de criptomonedas seguirá entre sus prioridades para combatir el fraude eléctrico en el país.
En su Plan Maestro de Gestión y Control para la Reducción de Pérdidas Eléctricas 2024-2034 se planteó como objetivo disminuir las pérdidas eléctricas del 28% actual hasta un 15%. Este plan incluye inversiones significativas en infraestructura y tecnología para mejorar la eficiencia del suministro eléctrico y combatir el robo de energía, previendo una inversión de USD 359 millones entre 2025 y 2028. El plan prevé la implementación de programas de detección de fraudes y robos de energía, fortaleciendo los sistemas de medición y de facturación.
Según datos oficiales, la minería ilegal de criptomonedas ha sido una de las principales causas de las pérdidas de energía en Paraguay. Esto ha llevado a que las autoridades tomen medidas que incluyen hasta diez años de cárcel para personas que sustraigan energía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje para minar criptomonedas.
Las confiscaciones no se han detenido
Este sábado 30 de noviembre, la ANDE reportó un operativo en el departamento de Itapúa, realizado en conjunto con la Fiscalía, en el que detectaron y desmantelaron una conexión irregular presuntamente utilizada para minar criptomonedas.
La granja fue identificada tras detectar una carga inusualmente alta en un alimentador de 23.000 voltios. Tras acercarse al inmueble, se encontró una derivación ilegal en media tensión con lecturas de carga instantáneas.
Tras el operativo, se decomisaron 163 equipos de minería, de modelos no especificados. Según las autoridades, el daño patrimonial vinculado a la sustracción eléctrica se estima en 665 millones de guaraníes, alrededor de USD 85 mil.
Pocos días antes, también en el departamento de Itapúa, la ANDE realizó un allanamiento a una granja minera ubicada en el distrito de Natalio por un presunto uso indebido de energía. Sin embargo, en el procedimiento, los técnicos de la ANDE realizaron mediciones del consumo de energía eléctrica, encontrando que se encontraba dentro de los parámetros establecidos en el contrato.
A pesar de ello, las autoridades notaron que la granja aún no contaba con el registro para la explotación de energía para minería de criptomonedas, por lo que dieron un plazo de 48 horas a los responsables para regularizar su situación.
Durante todo 2024, Paraguay ha sido una jurisdicción difícil para los mineros de criptomonedas. Más allá de los allanamientos, los cuales rozan los cientos, el incremento de los costos de la electricidad ha provocado el cierre de empresas, o su migración a otras jurisdicciones más amigables como Brasil, según ha reportado CriptoNoticias.