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Las autoridades paraguayas se unen en un nuevo frente de combate: la minería clandestina de Bitcoin, que ha causado importantes pérdidas al Estado por el robo de energía eléctrica. En una reunión reciente, representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Administración Nacional de Energía Eléctrica (ANDE) acordaron coordinar acciones conjuntas para frenar esta práctica. El primer paso de esta iniciativa es la firma del “Acuerdo de Cooperación Interinstitucional”, destinado a la persecución y castigo de los mineros clandestinos de Bitcoin. El objetivo es identificar y responsabilizar a los involucrados en este tipo de actividad ilegal, garantizando un proceso judicial justo y rápido. La Corte Suprema de Justicia se ha comprometido a garantizar el debido proceso en casos relacionados con la minería clandestina de Bitcoin, agilizando los procesos legales en curso. Esta medida refleja la creciente preocupación de las autoridades paraguayas por la expansión de la minería ilegal desde 2019, aprovechando los beneficios hidroeléctricos del país. Lea también: La Fundación Ethereum está siendo investigada por una 'autoridad estatal'
Minería de Bitcoin en Paraguay
Según la ANDE, desde 2019 se han presentado 60 denuncias penales contra mineros clandestinos, que resultaron en acusaciones e incautaciones de equipos. Desde 2023 se han realizado 43 intervenciones que suman una potencia de 90 MW, lo que representa una demanda cuatro veces mayor que la de la ciudad de Villarrica. Estas actividades ilícitas no sólo perjudican los intereses de la ANDE, sino que también comprometen la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico brindado a la población. En una acción reciente, la ANDE desmanteló una granja minera de Bitcoin, incautando 723 equipos ASIC y 3 transformadores eléctricos. La finca, ubicada en un almacén, estaba vinculada a un dirigente político local, Albino González Villalba, del Partido Radical Liberal Auténtico. Joaquín Morinigo, miembro de la comunidad Bitcoin paraguaya, confirmó que el número de identificación del almacén correspondía a González Villalba, destacando la presencia de políticos vinculados a la minería en el país. Morinigo cuestionó el destino de los recursos recaudados por la ANDE a partir de contratos legales de minería de Bitcoin, planteando preocupaciones sobre la inversión adecuada de estos fondos. Lea también: BlackRock deposita 100 millones de dólares en USDC para un nuevo fondo de tokenización