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Las autoridades de Paraguay decidieron unirse para perseguir y castigar a quienes roban electricidad para poner en marcha operaciones mineras de Bitcoin, generando pérdidas al Estado.
En una reunión reciente, los principales representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de ese país, acordaron articular acciones conjuntas “tendientes a combatir las conexiones irregulares en el suministro de energía eléctrica por parte de personas que realizan la actividad de minería de criptomonedas”.
Según lo establecido, entre las primeras acciones del conglomerado estatal está la suscripción del “Convenio de Cooperación Interinstitucional”, que supone el trabajo conjunto para la persecución y castigo de los mineros de Bitcoin clandestinos.
La intención es que los procesos judiciales contra los operadores que roben electricidad para minar, “culminen con la individualización y castigo de los responsables”.
Además, la Corte Suprema de Justicia se comprometió a “garantizar el debido proceso” en los casos, así como darle celeridad a las causas judiciales relacionadas con la minería de Bitcoin clandestina que actualmente están en curso.
La intención de los organismos del Estado paraguayo de perseguir a los mineros clandestinos es una postura respaldada por la Cámara Paraguaya de Fintech, que en múltiples ocasiones ha manifestado su oposición a la minería ilegal, promoviendo, en cambio, las operaciones reguladas y cumpliendo la ley.
Crece la preocupación por la minería clandestina de Bitcoin
La medida de las instituciones del Estado paraguayo para combatir la minería ilegal de Bitcoin demuestra la creciente preocupación que existe entre las autoridades por este modo de operar que se ha ido expandiendo desde el 2019 debido a los beneficios hidroeléctricos con los que cuenta Paraguay.
Según la ANDE, desde ese año hasta la fecha, se han presentado 60 denuncias penales contra mineros clandestinos. A todos se les ha tratado “con imputaciones e incautaciones de equipos en algunos casos”, dice el organismo.
El recuento de la ANDE indica que desde el año 2023 se han ejecutado 43 intervenciones, para una potencia total intervenida de 90 MW, lo que es cuatro veces más la demanda eléctrica de la ciudad de Villarica, según los cálculos del organismo.
La ANDE alude a estas actividades la afectación a la “calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica”. “Además de causar un grave daño patrimonial a los intereses de la Institución”.
Una granja minera posiblemente vinculada a la política
Como parte de su accionar, la ANDE informó recientemente el desmantelamiento de una granja de minería de Bitcoin conformada por 723 equipos ASIC y 3 transformadores eléctricos que totalizaron 5.400 kVA.
Todos los aparatos servirán como prueba y actualmente están “depositados para resguardo y custodia, a solicitud del fiscal interviniente”.
La granja operaba en un galpón cuyo número de contrato (NIS) es 2760978. CriptoNoticias pudo confirmar que la identificación responde a un dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico, una de las principales toldas políticas del país guaraní.
Se trata de Albino González Villalba, quien fungió como director de la Administración Nacional de Navegación y Puertos y actual concejal municipal de Villa Elisa. En 2005, este individuo fue imputado por el delito de hurto agravado por extracción de tierras.
Joaquín Morinigo, miembro de la comunidad paraguaya de Bitcoin, confirmó también que el número de NIS corresponde a González Villalba. Y recordó que el partido PLRD “tiene entre sus filas a mineros y promotores de la minería”, como el senador Salym Buzarquis.
Morinigo indicó que, hasta ahora, la ANDE solo ha concedido 50 contratos para empresas mineras de Bitcoin que operan de forma legal, pagando la tarifa correspondiente.
Esa tarifa es de USD 65.000 por garantía por cada MW que utilizan para sus operaciones, calcula Morinigo, quien además recuerda que hay 5 contratos de 100 MW que permitieron a la ANDE recaudar garantías por el orden de los 32,5 millones de guaraníes (USD 4.500).
“Los otros 45 contratos que empiezan en 6 MW y también pagan la tarifa correspondiente para el grupo de alto consumo electro intensivo. Lo que me lleva a la pregunta, ¿qué está haciendo la ANDE con todo lo que está juntando de los 50 contratos de los mineros? Porque es obvio que no lo están invirtiendo”, cuestionó Morinigo.