Según exponen, el comercio formal opera bajo un esquema bancarizado estrictamente fiscalizado, donde sufren retenciones automáticas mediante el sistema tradicional Sircreb. En contraste, advierten que un segmento considerable de la competencia informal utiliza cuentas de pago sin impacto fiscal directo en esas tres jurisdicciones, que son las únicas que aún no integran el Sircupa.
El director ejecutivo de la ASU, Juan Vasco Martínez, destacó que el uso masivo de aplicaciones digitales para ventas, sin la correspondiente regulación, funciona como un incentivo a la evasión y convierte a estos medios en un vehículo ideal para omitir la declaración impositiva. Esta dinámica, sostienen desde la cámara empresaria, castigaría a quienes operan dentro de la norma y beneficia indirectamente a quienes comercializan al margen.
La postura de los distritos aludidos frente al reclamo no es uniforme. Mientras CABA y Santa Fe mantuvieron silencio público frente a las consultas, el ministro de Economía de La Pampa, Guido Bisterfeld, anticipó su rechazo. El funcionario argumentó que adherir a este sistema implicaría sumar presión fiscal sobre un sector económico mayoritariamente informal que ya sufre las consecuencias del actual modelo económico nacional.
La incorporación plena a este régimen alcanzaría a proveedores de servicios de pago tradicionales, pero tendría un impacto directo en quienes operan con bitcoin (BTC), USDT y otras criptomonedas a través de plataformas como, por ejemplo, Lemon o Belo, que facilitan la realización de pagos mediante tarjetas prepagadas y códigos QR compatibles con el «mundo fíat».
El motivo técnico de este nexo es el funcionamiento operativo de dichas aplicaciones: al momento de realizar un pago en un comercio, el usuario no transfiere el activo digital directamente al vendedor. El sistema ejecuta una venta automática del bitcoin (o la criptomoneda que sea) por pesos argentinos para liquidar la compra. Al concretarse esa conversión y la posterior acreditación de la moneda local, la operación ingresa al esquema de fiscalización como cualquier billetera virtual, habilitando la retención impositiva correspondiente en las jurisdicciones adheridas.
La ASU subrayó que su petición no busca la creación de un nuevo tributo ni el aumento de las alícuotas actuales, sino ampliar la base de recaudación sobre los competidores que hoy eluden el impuesto.
Aunque aún no hay certeza de cuál será la respuesta final, sería de esperar que la solicitud de los supermercadistas sea rechazada por el Gobierno nacional, teniendo en cuenta sus promesas —tal como CriptoNoticias ha ido reportando— de reducción de impuestos y desregulación en todo aquello que imponga trabas al libre comercio.
Vale aclarar que en Argentina, el término «billetera virtual» —tal como se utiliza en esta noticia— no refiere a una wallet de criptomonedas, sino que se utiliza para referirse a las aplicaciones móviles gestionadas por Proveedores de Servicios de Pago (PSP), las cuales operan de forma independiente a la banca tradicional.
Estas plataformas fintech —como Mercado Pago y opciones que integran activos digitales, como Lemon o Belo— funcionan como herramientas financieras de uso masivo y cotidiano para realizar pagos mediante códigos QR y transferencias inmediatas.
Su alta penetración en el comercio minorista e informal las ha convertido en la principal alternativa al dinero en efectivo y a las cuentas bancarias clásicas, canalizando gran parte de las transacciones diarias que ahora las grandes cadenas de supermercados exigen someter a los mismos controles y retenciones impositivas que rigen para el sistema financiero formal.
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