El acuerdo de 2023 y la revisión actual
El acuerdo de 2023 cerró un caso penal en Estados Unidos y contempló un pago de USD $4.300 millones por parte de Binance. La revisión que ahora reconoció Duva no equivale a una nueva acusación ni confirma que el exchange haya quebrantado las condiciones pactadas; indica que funcionarios federales están verificando su cumplimiento.
La diferencia importa porque, hasta ahora, el DOJ no ha identificado qué incidentes forman parte de ese examen. Tampoco ha explicado si la revisión se limita a una cuestión de supervisión o si puede derivar en otra medida, de modo que cualquier pronóstico sobre el desenlace sigue siendo especulativo.
El antecedente de Binance también distingue este caso de algunos acuerdos que suelen citarse como comparación. La empresa ya se declaró culpable en 2023, mientras que los acuerdos de aplazamiento de procesamiento mencionados en los casos de Ericsson y Standard Chartered tuvieron otra estructura; por eso, sus desenlaces ofrecen contexto, pero no una guía automática para el caso actual.
El foco práctico de una revisión de cumplimiento suele estar en cómo una empresa aplica las obligaciones asumidas y responde a señales de riesgo. En esta historia, la pregunta central planteada por la información disponible es qué sabía Binance sobre las operaciones sospechosas y con qué rapidez actuó, no si ya existe una conclusión oficial sobre su responsabilidad.
Los episodios que concentran las preguntas
La primera línea de preocupación surgió de un reporte de The Wall Street Journal sobre cuentas vinculadas con Babak Zanjani, financista iraní. Según ese medio, una red relacionada con Zanjani procesó alrededor de USD $850 millones a través de cuentas de Binance. La cifra pone la actividad bajo escrutinio, pero no demuestra por sí sola que el exchange conociera o autorizara operaciones ilícitas.
La investigación del diario también describió a un cliente VIP cuyas operaciones sospechosas provocaron consultas de autoridades estadounidenses y suizas. Binance afirmó que cerró las cuentas involucradas, aunque la información publicada no precisa cuándo tomó esa decisión ni detalla qué medidas adicionales aplicó en respuesta a las consultas oficiales.
Un segundo episodio apareció en septiembre, cuando fiscales presentaron una demanda de decomiso por USD $61 millones. En el escrito alegan que dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, utilizaron cuentas de Binance para lavar ganancias procedentes de ventas de petróleo iraní. La demanda se refiere a fondos que los fiscales vinculan con esa actividad; no equivale a una conclusión judicial sobre las alegaciones.
Binance aseguró que investigó y eliminó a ambas empresas de su plataforma. Sin embargo, un comunicado del senador estadounidense Richard Blumenthal sostuvo que Binance tardó al menos cinco meses en retirar a Blessed Trust como proveedor después de recibir una advertencia sobre su papel. Esa afirmación añade contexto sobre los tiempos de respuesta, pero no establece por sí sola que Binance haya incumplido el acuerdo penal.
La demanda de decomiso, según la información disponible, no acusa de conducta ilícita a Binance ni a sus empleados. Esa precisión evita confundir las alegaciones contra las compañías señaladas con una imputación contra el exchange.
Sanciones, alegaciones y límites de la información
Un tercer asunto se relaciona con la respuesta del exchange ante presuntas violaciones de sanciones. Informes anteriores indicaron que los fiscales examinaban si Binance permitió deliberadamente operaciones prohibidas, pero el DOJ no ha vinculado públicamente la revisión actual con ese asunto ni con los otros episodios.
La posible superposición entre esas líneas de investigación alimenta las preguntas sobre los controles de la plataforma, aunque no permite afirmar que formen parte de un único expediente. El organismo tampoco ha dicho si considera relevantes las cuentas atribuidas a la red iraní, las compañías señaladas en la demanda de decomiso o las alegaciones más amplias sobre sanciones.
En consecuencia, conviene separar tres niveles de información: la revisión del acuerdo confirmada por Duva, las alegaciones que medios y fiscales han relacionado con operaciones específicas, y la respuesta pública de Binance sobre el cierre de cuentas y la eliminación de empresas. El DOJ no ha anunciado una infracción nueva ni una sanción adicional.
También faltan datos para estimar la probabilidad de un castigo concreto. La información publicada no ofrece una base estadística fiable para asignar porcentajes a posibles multas, una supervisión más estricta o cargos penales, y las diferencias entre los acuerdos de cada empresa vuelven especialmente incierta cualquier comparación.
Qué muestran otros acuerdos y qué podría ocurrir
Ericsson reconoció en 2023 que incumplió un acuerdo de aplazamiento de procesamiento y se declaró culpable, además de pagar otros USD $206,7 millones. El plazo de su supervisor de cumplimiento también se extendió, un desenlace que muestra cómo una infracción de las obligaciones pactadas puede traer consecuencias económicas y una vigilancia más prolongada.
Standard Chartered afrontó nuevas sanciones en 2019 por violaciones históricas de las sanciones contra Irán. El banco acordó pagar más de USD $1.000 millones en penalizaciones globales y aceptó extender su acuerdo de procesamiento, aunque ese antecedente corresponde a otro sector y a circunstancias propias.
Boeing ofrece un contraste diferente: el DOJ determinó en 2024 que el fabricante de aviones había incumplido su acuerdo, pero la empresa consiguió después un nuevo acuerdo de no procesamiento. El cargo penal fue desestimado en 2025, una secuencia que ilustra que incluso después de una determinación adversa el resultado puede cambiar mediante otra resolución.
Los casos no son equivalentes al de Binance, que ya se declaró culpable y cuyo acuerdo tiene una estructura distinta de los acuerdos de aplazamiento citados. Aun así, los ejemplos muestran un abanico posible de respuestas, desde más supervisión y multas adicionales hasta nuevos procedimientos, sin que pueda anticiparse cuál escogerán los fiscales en esta revisión.
La información disponible no permite anticipar el resultado de la revisión. La evidencia de violaciones deliberadas de sanciones u ocultamiento podría fortalecer un caso penal, mientras que la rapidez y el alcance de la respuesta de Binance a las señales sospechosas serían elementos relevantes para evaluar el cumplimiento.
Por ahora, el hecho firme es limitado: el DOJ revisa el cumplimiento del acuerdo y no ha explicado públicamente qué incidentes considera. Hasta que las autoridades aclaren el alcance del examen, las cifras reportadas y las alegaciones sobre Irán deben tratarse como asuntos bajo escrutinio, no como prueba de una nueva infracción atribuida a Binance.
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