Paralelamente a esta reestructuración policial, el gobierno oficializó la Medida Provisional 1.394, norma que prohíbe en todo el país la oferta, intermediación, explotación y publicidad de apuestas de cuota fija. A fin de cerrar los canales de evasión, el texto ordena a la corporación compartir inteligencia operativa con la Receita Federal y el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF).
A partir de este intercambio de datos, el organigrama sumará áreas abocadas a la represión de las plataformas no autorizadas y a la detección de fraudes en eventos deportivos. En este sentido, las empresas cuyas licencias queden extinguidas deberán conservar durante cinco años los registros de operaciones y notificar al COAF cualquier patrón atípico.
Como parte del operativo de contención, la regulación contempla el bloqueo de portales web y la interrupción de transacciones bancarias hacia operadores informales. El Banco Central de Brasil y el Ministerio de Justicia ejecutarán la restitución de saldos a los usuarios e imponmpondrán sanciones económicas a las entidades que incumplan el cese de actividades.
En el ámbito parlamentario, la Medida Provisional 1.394/2026 tramita en la Mesa Directiva del Congreso Nacional con plazo de enmiendas abierto hasta el 13 de octubre. Entre las propuestas legislativas presentadas figuran modificaciones planteadas por diputados para reasignar la recaudación de tributos y multas hacia el Sistema Único de Salud con destino al tratamiento del juego patológico, además de iniciativas para prohibir el acceso a apuestas a los beneficiarios de Bolsa Família, programa social de transferencia directa de ingresos del gobierno federal de Brasil.
Este endurecimiento legislativo e institucional sobre el ecosistema de juego coincide con la reorganización del sector de las criptomonedas por parte del Banco Central de Brasil. Como reportó CriptoNoticias, el regulador fijó para inicios de 2027 la entrega obligatoria de reportes consolidados sobre transferencias destinadas a wallets de autocustodia, lo que obligará a los proveedores a ajustar sus sistemas de cumplimiento.