Guatemala inicia en septiembre el control antilavado sobre exchanges de criptomonedas

El Decreto 15-2026 entrará en vigor en Guatemala el próximo 17 de septiembre de 2026. La norma obliga por primera vez a exchanges y custodios de bitcoin (BTC) y criptomonedas a reportar sus operaciones ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE) adscrito a la Superintendencia de Bancos (SIB) de la nación centroamericana.

La normativa clasifica a estas empresas como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Esta categoría abarca a quien, como negocio y por cuenta de otro, realiza intercambios de criptoactivos por moneda local o divisas, transfiere o custodia fondos digitales de terceros.

«La nueva legislación actualiza el marco jurídico guatemalteco y fortalece los mecanismos para prevenir, identificar y administrar riesgos relacionados con operaciones que puedan estar vinculadas con actividades ilícitas», señala el Congreso de Guatemala.

Los proveedores de servicios definidos bajo la ley deberán asumir el estatus de Persona Obligada ante la IVE. Esto exige aplicar debida diligencia a los clientes, registrar la propiedad de personas jurídicas con un umbral del 15% y conservar registros durante cinco años.

La ley excluye explícitamente a los usuarios que únicamente guardan bitcoin o activos digitales en una wallet propia. La tenencia personal no se clasifica como delito ni otorga curso legal a los activos, pero las compras mediante un PSAV requerirán identificación.

«El siguiente desafío es contar con las herramientas que permitan su aplicación efectiva», indica el cuerpo legislativo. Para ello, el Estado trabaja en la redacción del reglamento técnico que regulará la emisión de reportes de operaciones sospechosas de forma confidencial.

Como reportó CriptoNoticias, el Congreso de la República de Guatemala aprobó la legislación con 147 votos a favor. El marco normativo deroga los Decretos 67-2001 y 58-2005 para unificar la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo en un solo texto legal.

El objetivo de las autoridades es evitar el ingreso a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El país alinea su ordenamiento con las 40 recomendaciones de ese organismo técnico antes de ser evaluado en febrero de 2027. El proceso auditará las capacidades del Estado para interrumpir el movimiento ilícito de capitales y mitigar vulnerabilidades en corresponsalías bancarias.