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El jefe de Gabinete de la Nación Argentina, Manuel Adorni, presentó este miércoles por la noche ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una declaración jurada rectificativa en la que incorporó aproximadamente US$ 513.000 vinculados a inversiones realizadas con Bitcoin, en lo que constituye el principal activo financiero declarado por el funcionario y el eje técnico de su defensa judicial.
La presentación llega en medio de la causa que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.
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De US$ 200.000 a US$ 513.000 en cinco años de exposición a BTC
Según la reconstrucción presentada por la Jefatura de Gabinete, las inversiones fueron realizadas entre 2013 y 2018 mediante ocho billeteras virtuales diferentes, con un capital originalmente invertido cercano a los US$ 200.000. Durante ese período, Adorni y su esposa Bettina Angeletti habrían operado compra y venta de la criptomoneda hasta acumular la tenencia actual.
La ventana temporal no es menor para los lectores cripto: entre 2013 y 2018, Bitcoin pasó aproximadamente de US$ 13 a un máximo histórico cercano a US$ 20.000 a fines de 2017, antes del invierno cripto que lo llevó debajo de los US$ 4.000 en diciembre de 2018. Un capital sostenido y operado en esa franja podía multiplicarse varias veces, dependiendo del timing.
El retorno declarado por Adorni -aproximadamente 2,5x sobre el capital inicial– resulta razonablemente conservador frente al rendimiento bruto del activo en ese período, lo que sugiere operaciones de toma de ganancias parciales más que un hodl puro.
Ocho wallets y las «llaves» como prueba técnica
La defensa de Adorni introdujo un argumento que será central en la causa: las operaciones pueden ser verificadas mediante las denominadas «llaves» de acceso asociadas a las billeteras virtuales utilizadas para operar. Es decir, las claves privadas de las wallets, que permitirían a peritos judiciales reconstruir el histórico on-chain de cada dirección y validar tenencias y movimientos.
Desde la perspectiva cripto, el planteo es técnicamente sólido pero exigente: la firma criptográfica con la llave privada permite probar control sobre una dirección sin revelar la clave, mediante mensajes firmados verificables públicamente. Si las ocho wallets corresponden a direcciones on-chain auditables, los peritajes podrían trazar cada UTXO con precisión milimétrica.
El trasfondo: rectificaciones desde 2020 y régimen de blanqueo
La declaración integra además modificaciones patrimoniales del matrimonio que se remontan a 2020, incluyendo herencias por unos US$ 79.000, operaciones inmobiliarias en el country Indio Cuá y en Caballito, y rectificaciones impositivas de los últimos cinco años ante ARCA.
Horas antes de la presentación, Adorni y Angeletti se acogieron al Régimen Simplificado de Ganancias contemplado en la Ley 27.799. La explicación pública del funcionario, según trascendió, fue contundente: «Ahorramos en negro, como todos los argentinos».
El caso instala en la agenda política argentina -con repercusión directa sobre la comunidad cripto- el debate sobre cómo se declaran las tenencias de criptoactivos adquiridas en años previos al ingreso a la función pública, y abre un precedente sobre el uso de la prueba criptográfica on-chain como instrumento de validación patrimonial ante la Justicia.