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Durante años, la industria de los activos digitales ha convivido con una enorme incertidumbre regulatoria. La principal crítica de empresas y desarrolladores hacia la administración estadounidense, especialmente durante la presidencia de la SEC bajo Gary Gensler, fue la llamada regulación por enforcement, resumida en nuemrosas demandas judiciales, sanciones y actuaciones regulatorias sin una legislación específica previa que delimitara claramente las reglas del juego.
La SEC y la CFTC
La Ley CLARITY nace precisamente para resolver ese vacío. El proyecto pretende dividir de manera clara las competencias entre la SEC, encargada tradicionalmente de supervisar valores financieros, y la CFTC, responsable de los mercados de materias primas y derivados. En esencia, pretende responder cuándo un token es un valor financiero y cuándo pasa a considerarse una commodity digital.
El avance político del proyecto es significativo. La Cámara de Representantes aprobó la propuesta el 17 de julio de 2025 con un apoyo bipartidista de 294 votos frente a 134. Posteriormente, el 14 de mayo de 2026, el Comité Bancario del Senado también dio luz verde al texto por 15 votos a 9, incluyendo el respaldo de dos senadores demócratas: Ruben Gallego y Angela Alsobrooks.
Sin embargo, la ley todavía no ha sido aprobada definitivamente. Ahora debe pasar por el pleno del Senado, donde probablemente necesitará al menos 60 votos para salir adelante. Después, habrá que unificar las diferencias entre la versión aprobada por la Cámara de Representantes y la del Senado antes de que pueda ser firmada por el presidente.
Clasificar las criptomonedas
El elemento más relevante de la Ley CLARITY es la creación de una clasificación jurídica específica para los activos digitales. La propuesta establece tres grandes categorías regulatorias.
La primera son las llamadas Digital Commodities, activos digitales cuyo valor depende principalmente del funcionamiento y uso de una red blockchain descentralizada. Aquí entrarían Bitcoin, Ethereum, Solana y muchos tokens considerados utility una vez alcanzan suficiente descentralización. Estos activos quedarían principalmente bajo supervisión de la CFTC.
La segunda categoría corresponde a los Investment Contract Assets. Se trata de tokens vendidos inicialmente como instrumentos de financiación, similares a las ICO que dominaron el mercado en 2017 y 2018. Mientras exista una expectativa de beneficio ligada al trabajo de una empresa o equipo promotor, esos activos seguirían bajo la jurisdicción de la SEC aplicando el conocido Test Howey. No obstante, la ley contempla que un proyecto pueda evolucionar: si la red alcanza suficiente descentralización y madurez, el token podría dejar de considerarse un valor financiero y pasar a tratarse como commodity digital.
La tercera categoría son las Permitted Payment Stablecoins, es decir, stablecoins destinadas a pagos y respaldadas por reservas. La legislación prevé activos como USDC o incluso USDT, siempre que cumplan los requisitos exigidos por la normativa. La supervisión sería compartida entre reguladores federales y estatales, y las stablecoins deberían mantener reservas de alta calidad respaldadas uno a uno con capacidad clara de redención.
Nuevas reglas para exchanges y empresas cripto
La Ley CLARITY también rediseña el marco regulatorio de los intermediarios del ecosistema. El texto crea nuevas categorías legales para exchanges, brokers y dealers especializados en activos digitales.
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Entre ellas aparecen figuras como los Digital Commodity Exchanges (DCE), los Digital Commodity Brokers (DCB) y los Digital Commodity Dealers (DCD). La propuesta contempla además mecanismos de registro provisional y permite que plataformas ya registradas ante la SEC puedan obtener un registro dual ante la CFTC.
Esto supondría un cambio radical para empresas como Coinbase, Kraken o Binance.US, que durante años han operado bajo un entorno legal ambiguo y sometidas a múltiples litigios regulatorios.
Protección parcial para DeFi
Uno de los puntos más debatidos de la ley afecta a las finanzas descentralizadas (DeFi). El proyecto incluye ciertas protecciones para desarrolladores de software, validadores y protocolos no custodiales. En la práctica, quienes solo escriben código o validan transacciones, sin controlar fondos de usuarios, no serían considerados intermediarios financieros.
Gran parte de la industria interpreta esta medida como un intento de proteger la innovación tecnológica y evitar que los desarrolladores de protocolos descentralizados tengan las mismas obligaciones regulatorias que un banco o un exchange centralizado.
Aun así, las últimas versiones discutidas en el Senado introducen controles más estrictos sobre algunos protocolos DeFi muy centralizados y determinados activos vinculados al ecosistema, reflejando la presión de la banca tradicional y de algunos reguladores.
Stablecoins, el gran campo de batalla
Las stablecoins se han convertido probablemente en el punto más conflictivo de la negociación política. La versión impulsada desde el Senado incorpora una disposición polémica: prohibir que las stablecoins paguen rendimiento o intereses simplemente por mantenerlas en cartera.
La medida ha sido interpretada como una concesión al lobby bancario estadounidense, preocupado por la posibilidad de que las stablecoins compitan directamente con los depósitos tradicionales. Sin embargo, la ley sí permitiría recompensas asociadas a actividad o participación dentro de plataformas.
Además, el texto exige elevados niveles de transparencia sobre reservas, auditorías y capacidad de redención, consolidando la idea de que las stablecoins podrían convertirse en una infraestructura financiera crítica dentro del sistema monetario digital.
Oposición a las CBDC
Exchanges, brokers y dealers quedarían plenamente sujetos al Bank Secrecy Act, incluyendo obligaciones reforzadas de reporte de actividades sospechosas y medidas contra el lavado de dinero. La ley incluye restricciones que impedirían a la Reserva Federal ofrecer una moneda digital directamente a ciudadanos estadounidenses y limita su posible uso como herramienta de política monetaria.
Este punto refleja el creciente debate político en Estados Unidos sobre privacidad financiera, control estatal y soberanía monetaria digital.
Impacto en el mercado
Si finalmente se aprueba, la Ley CLARITY podría transformar profundamente el mercado global de criptomonedas. Bitcoin y Ethereum obtendrían prácticamente una validación regulatoria definitiva como commodities digitales, reduciendo gran parte de la incertidumbre institucional que ha frenado inversiones durante años.
Las instituciones financieras tradicionales también ganarían claridad para lanzar productos vinculados a criptoactivos, desde ETFs hasta servicios de custodia y nuevos instrumentos financieros.
Para Estados Unidos, el impacto geopolítico también sería importante. Tras años en los que Europa avanzó con MiCA y Asia consolidó hubs cripto en lugares como Singapur o Dubái, Washington podría intentar recuperar liderazgo global en innovación blockchain.
Sin embargo, la ley no beneficiaría a todos por igual. Algunos protocolos DeFi más centralizados podrían enfrentar mayores dificultades regulatorias y ciertas stablecoins basadas en modelos de rendimiento podrían ver amenazada su viabilidad.
Un proyecto aún incierto
A día de hoy, el proyecto mantiene un impulso político considerable, aunque todavía enfrenta obstáculos importantes. La presión de la banca tradicional, la polarización política y la necesidad de alcanzar 60 votos en el Senado siguen siendo factores clave.
Se trata de la primera vez que el Congreso de Estados Unidos debate un marco integral que reconoce que los activos digitales han dejado de ser una tecnología marginal para convertirse en una pieza potencial del sistema financiero global del siglo XXI. Las predicciones de analistas y mercados como Polymarket sitúan las probabilidades de aprobación antes de finales de 2026 entre el 45% y el 60%.