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Una nueva iniciativa legislativa de carácter bipartidista, introducida en la Cámara de Representantes, busca congelar formalmente los fondos de Bitcoin en poder del gobierno estadounidense. El proyecto de ley contempla establecer una reserva estratégica nacional con un periodo mínimo de retención de veinte años.
El autor principal de la propuesta, el republicano Nick Begich de Alaska, junto al demócrata Jared Golden de Maine, presentaron formalmente la «Ley de Modernización de la Reserva Americana de 2026», conocida bajo las siglas ARMA. La legislación propone la creación de una Reserva Estratégica de Bitcoin y un Depósito de Activos Digitales independiente. Esta última estructura albergará los activos diferentes a BTC que se encuentren bajo el control del Departamento del Tesoro.
El borrador del texto legal prohíbe explícitamente a las autoridades nacionales vender, intercambiar, subastar o gravar los fondos depositados durante el tiempo de bloqueo estipulado.
Una vez cumplido el plazo de las dos décadas, el secretario del Tesoro estará facultado para recomendar la venta controlada de activos. Sin embargo, estas liquidaciones institucionales no podrán exceder el 10% del total de la reserva en cualquier periodo de dos años.
Los legisladores involucrados en el proyecto afirmaron que la nación no debe deshacerse de sus recursos digitales estratégicos, sino asegurar su permanencia para las próximas generaciones.
La medida busca dar continuidad a la orden ejecutiva firmada el año pasado por el presidente Donald Trump. Aquella disposición inicial determinó que el inventario nacional se financiaría principalmente mediante fondos de Bitcoin y otros tokens incautados en procedimientos judiciales civiles y criminales.
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El Tesoro prioriza el cese de subastas públicas de fondos de Bitcoin y evalúa nuevos mecanismos de compra
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ratificó a principios de este año la nueva política gubernamental orientada a retener los activos decomisados. El funcionario detalló en su momento que el primer paso fundamental consistía en detener de forma definitiva las ventas públicas de monedas digitales. Una vez consolidada esa fase de retención, las agencias federales procederán a incorporar de manera sistemática los saldos provenientes de decomisos.
A diferencia de propuestas legislativas previas que planteaban la compra de hasta un millón de unidades de Bitcoin en un lapso de cinco años, el proyecto ARMA no fija una meta numérica específica. En su lugar, la ley ordena a los departamentos de Tesoro y Comercio realizar estudios de viabilidad técnica. Las oficinas deberán determinar si es posible ejecutar adquisiciones adicionales mediante mecanismos financieros que no afecten el presupuesto nacional.
Entre los métodos de financiamiento sugeridos en el borrador destacan la conversión de activos secundarios, la revaluación de certificados de oro y el uso de ingresos por aranceles comerciales.
Asimismo, el marco legal contempla establecer alianzas estratégicas con los gobiernos de los distintos estados de la Unión. La propuesta también impone a las agencias federales la obligación de consignar una contabilidad detallada de sus recursos digitales en un plazo de sesenta días.
Transparencia institucional mediante auditorías independientes y pruebas de reserva
Los datos de mercado de la firma de análisis Arkham Intelligence calculan el valor actual de los fondos de Bitcoin y otras criptos del gobierno estadounidense en aproximadamente $26.000 millones de dólares. Esta inmensa cartera pública se encuentra compuesta en su gran mayoría por Bitcoin, ETH y la moneda estable USDT. Por ello, la nueva legislación introduce rigurosos controles de supervisión parlamentaria para garantizar el manejo pulcro de los fondos.
El marco regulatorio de la ley ARMA exige la publicación trimestral de informes institucionales de prueba de reserva accesibles para toda la ciudadanía. De igual manera, el protocolo financiero estatal estará sujeto a constantes auditorías independientes y revisiones por parte de comités del Congreso.
Los defensores del proyecto confían en que estas medidas de transparencia consolidarán una estrategia de reserva moderna y adaptada a la evolución de los mercados globales.