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Un grupo de acreedores estadounidenses con sentencias impagas vinculadas a ataques terroristas atribuidos a Irán solicitó a un juez federal en Manhattan ordenar a Tether transferir más de USD $344 millones en $USDT congelados en direcciones sancionadas presuntamente asociadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).
La petición fue presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y representa uno de los intentos más agresivos hasta ahora para utilizar infraestructura cripto y stablecoins como mecanismo de ejecución de sentencias relacionadas con terrorismo internacional.
Según los documentos judiciales reseñados por The Block y CoinDesk, los demandantes buscan obligar a Tether a “anular” los balances existentes en dos billeteras bloqueadas en la red Tron y posteriormente reemitir una cantidad equivalente de nuevos $USDT hacia una dirección controlada por los abogados de las víctimas.
La cantidad exacta involucrada asciende a 344.149.759 $USDT, fondos que Tether congeló el pasado 24 de abril, el mismo día en que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) añadió las direcciones a su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).
Los demandantes sostienen que Tether no solo tiene la capacidad técnica para ejecutar dicha transferencia, sino también la obligación legal de hacerlo bajo las leyes federales estadounidenses relacionadas con ejecución de sentencias y terrorismo.
El núcleo legal del caso contra Tether
La demanda se apoya en una característica fundamental del diseño de $USDT y otras stablecoins centralizadas: la capacidad administrativa del emisor para congelar, bloquear y eventualmente modificar balances asociados a determinadas direcciones.
A diferencia de Bitcoin o Ethereum, donde ningún emisor central puede revertir unilateralmente movimientos de fondos, $USDT incorpora mecanismos de control administrativo que permiten a Tether intervenir directamente sobre tokens en circulación.
Los abogados de los demandantes argumentan que, debido a que Tether ya inmovilizó los fondos en respuesta a sanciones de OFAC, la empresa demostró que posee control efectivo sobre esos activos digitales y, por tanto, podría transferirlos a las víctimas mediante una nueva emisión. La moción judicial cita casos anteriores donde Tether cooperó con autoridades estadounidenses en operaciones similares.
Uno de ellos corresponde a un procedimiento de confiscación realizado en noviembre de 2025 en Washington D.C., donde el FBI habría entregado a Tether una orden judicial de incautación alrededor del 19 de marzo de 2025. Según la presentación, la empresa transfirió posteriormente una cantidad equivalente de $USDT al gobierno estadounidense.
Asimismo, el documento menciona otro caso registrado en Ohio el 25 de abril de 2025, en el que Tether presuntamente “quemó” tokens desde una dirección objetivo y reemitió 4,34 millones de $USDT hacia una wallet controlada por autoridades.
Los demandantes afirman que estos precedentes prueban que la compañía puede técnicamente ejecutar la transferencia solicitada por la corte. La acción judicial no busca apropiarse de activos corporativos de Tether, sino específicamente de propiedades iraníes presuntamente bajo custodia o control de la empresa a través de las wallets o billeteras congeladas.
Víctimas de terrorismo y miles de millones pendientes
El grupo de acreedores incluye víctimas y familiares relacionados con distintos ataques terroristas atribuidos a organizaciones respaldadas por Irán durante las últimas décadas.
Entre ellos figuran sobrevivientes y familiares afectados por el atentado suicida perpetrado por Hamas en Jerusalén en 1997.
De acuerdo con los documentos judiciales, las sentencias acumuladas ascienden aproximadamente a USD $552,3 millones en daños compensatorios y USD $1.860 millones en daños punitivos. En total, los demandantes buscan ejecutar fallos por cerca de USD $2.420 millones emitidos por tribunales estadounidenses a lo largo de más de veinte años.
La demanda también intenta establecer jurisdicción sobre Tether argumentando que gran parte de las reservas de la empresa son administradas o custodiadas en Nueva York mediante relaciones financieras con Cantor Fitzgerald.
El caso podría transformarse en un precedente importante para la industria de stablecoins y plataformas cripto centralizadas.
Si la corte acepta la teoría jurídica presentada por los demandantes, futuros tribunales podrían interpretar que empresas capaces de congelar activos digitales sancionados también poseen la obligación de redirigir esos fondos hacia víctimas con sentencias ejecutables.
Una estrategia legal más amplia contra infraestructura cripto
El abogado detrás de la demanda es Charles Gerstein, quien previamente impulsó litigios similares relacionados con activos digitales vinculados a Corea del Norte y hackers asociados al grupo Lazarus.
Según CoinDesk, Gerstein ha desarrollado una estrategia legal enfocada en perseguir plataformas y protocolos cripto que tengan capacidad técnica para congelar o redirigir fondos digitales.
Uno de los casos más conocidos involucra fondos congelados en Arbitrum relacionados con el hackeo de KelpDAO y activos vinculados supuestamente a actores norcoreanos.
En ese litigio, Gerstein sostuvo que ether congelado tras el exploit debía considerarse propiedad de Corea del Norte porque los atacantes tuvieron control temporal de los activos.
Sin embargo, protocolos como Aave respondieron que los fondos robados nunca pasaron legalmente a ser propiedad legítima de los hackers, generando un complejo debate sobre robo, fraude y titularidad.
En contraste, los demandantes consideran que el caso contra Tether es jurídicamente más simple.
La razón principal es que OFAC ya designó oficialmente las wallets de Tron como pertenecientes al IRGC, lo que, según la teoría legal presentada, convierte esos $USDT congelados en propiedad bloqueada de un Estado patrocinador del terrorismo y potencialmente susceptible de ejecución bajo leyes federales estadounidenses.
Más allá del resultado final, el litigio podría redefinir cómo tribunales y reguladores interpretan el control que poseen emisores de stablecoins sobre activos digitales congelados bajo sanciones internacionales.
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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA
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