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La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) ha puesto cifras al grado de adopción del reglamento MiCA con la publicación de su última tabla de cumplimiento. El documento ratifica que la gran mayoría de los reguladores nacionales de la UE ya han blindado sus sistemas de supervisión para proteger al usuario y garantizar la transparencia en el flujo de activos digitales.
El nuevo marco fija la hoja de ruta que deben seguir las entidades para que el envío y recepción de criptoactivos abandone la zona gris y opere bajo protocolos de control y garantías legales en sintonía con las exigencias del mercado único europeo
España y las principales economías, en el grupo de cumplimiento
La publicación de este documento responde a lo estipulado en el Artículo 16(3) del Reglamento de la ESMA, un mecanismo de control que obliga legalmente a las autoridades nacionales competentes a informar si cumplen o tienen la intención de cumplir con cada conjunto de directrices o recomendaciones emitidas. Según este mandato, si un regulador nacional decide no aplicar las normas europeas, debe notificar formalmente los motivos a ESMA. El regulador tiene la potestad de evaluar caso por caso y decidir si publica dichas razones, asegurando así que el mercado y los usuarios conozcan qué países están alineados con el estándar común de supervisión.
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La tabla de la ESMA muestra que eguladores como la CNMV en España, el BaFin en Alemania, la AMF en Francia y el MFSA en Malta han confirmado que ya cumplen estrictamente con los protocolos de protección al inversor.
Retrasos de Polonia, Portugal y Rumanía
Para el usuario europeo, esto significa que operar desde dichas jurisdicciones ofrece una garantía de seguridad jurídica, ya que sus supervisores nacionales han adoptado formalmente los criterios de la ESMA sobre transparencia en la información que acompaña a cada transferencia. Así como la protección de los derechos de los clientes durante el proceso de envío y la implementación de mecanismos de gobernanza para mitigar riesgos operativos.
A pesar del avance general, el documento también identifica ciertos puntos ciegos regulatorios. Países como Polonia, Portugal y Rumanía aparecen en una situación de incumplimiento por defecto. Según aclara ESMA, esto no se debe a una oposición a la norma, sino a que estos Estados miembros aún tienen pendiente la designación formal de cuál será la autoridad competente encargada de supervisar estas directrices específicas. Por su parte, países como Hungría han solicitado una prórroga técnica, con la intención de cumplir plenamente con las directrices para finales de marzo de 2026.
Un estándar unificado
El objetivo final de este documento es evitar la fragmentación del mercado y que no existan jurisdicciones dentro de la Unión Europea con reglas más laxas. Esto garantizaría que cualquier transferencia de activos digitales, independientemente del país de origen o destino dentro de la UE, se realice bajo el mismo paraguas de protección y supervisión técnica.