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La respuesta de Brian Armstrong, CEO de Coinbase, a un informe difundido por Eleanor Terrett dejó al descubierto algo mucho más relevante que un cruce de versiones: la fragilidad del consenso político en torno a la regulación cripto en Estados Unidos y el rol que la banca tradicional busca preservar en ese proceso.
In general, love your posts, but this is not accurate. The White House has been super constructive here.
— Brian Armstrong (@brian_armstrong) January 17, 2026
They did ask us to see if we can go figure out a deal with the banks, which we're currently working on.
Actually, we've been cooking up some good ideas on how we can help… https://t.co/t1bK48oRc0
Según el reporte de Terrett, la Casa Blanca estaría considerando retirar su apoyo al proyecto de ley de estructura del mercado cripto si Coinbase no vuelve a la mesa de negociación para cerrar un acuerdo de rendimiento que satisfaga a los bancos.
La filtración incluso describe enojo interno por lo que califican como una acción «unilateral» de la empresa y subraya una frase clave: una compañía no puede hablar en nombre de toda la industria.
Armstrong respondió con un tono medido, pero contundente. Afirmó que la Casa Blanca ha sido «constructiva», confirmó que existen conversaciones en curso con el sistema bancario y señaló que están trabajando en ideas para beneficiar específicamente a los bancos comunitarios, que son el foco declarado del proyecto. No hubo confrontación directa, pero sí una corrección clara del relato.
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Una disputa que va más allá de Coinbase
El episodio revela que el núcleo del conflicto no es la regulación en sí, sino quién controla la intermediación financiera en el nuevo ecosistema digital. La presión para que Coinbase alcance un «yield deal» con los bancos sugiere que el respaldo político no está condicionado a principios regulatorios, sino a la integración -o subordinación- del modelo cripto al sistema financiero tradicional.
La advertencia de que «una empresa no representa a toda la industria» funciona como mensaje disciplinador. No apunta solo a Coinbase, sino a cualquier actor que intente influir en la agenda sin alinearse plenamente con los intereses establecidos. La regulación aparece así menos como un marco neutral y más como una herramienta de negociación de poder.
El factor político
El trasfondo político tampoco es menor. De acuerdo con la fuente citada por Terrett, «este es el proyecto del presidente Donald Trump, no el de Brian Armstrong». La frase expone que la discusión se inscribe en una lógica de control institucional: el Ejecutivo no está dispuesto a ceder protagonismo ni narrativa a una empresa privada, por más central que sea en el ecosistema cripto.
La señal para la industria
Lejos de tratarse de un simple desacuerdo, el cruce deja una señal clara para el sector: el apoyo político al mercado cripto en Estados Unidos podría depender de su capacidad para coexistir -y compartir rentas- con la banca tradicional. El debate ya no gira solo en torno a innovación o protección del consumidor, sino al reparto del poder económico en la próxima etapa del sistema financiero.
Más que un conflicto puntual, lo ocurrido marca un punto de inflexión. La pregunta que queda abierta no es si habrá regulación, sino bajo qué condiciones y para beneficio de quién.