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La senadora estadounidense Elizabeth Warren, una de las críticas más consistentes de la industria criptográfica en el Congreso, está solicitando detener los esfuerzos de World Liberty Trust Co. para convertirse en un banco fiduciario en Estados Unidos hasta que el presidente Donald Trump se desprenda de la participación accionaria de su familia en el negocio relacionado con activos digitales.
Warren envió una carta el martes a Jonathan Gould, el jefe de la Oficina del Contralor de la Moneda, donde una empresa vinculada a World Liberty Financial Inc. está buscando una licencia que podría permitirle emitir directamente la stablecoin USD1. Ella pidió a Gould que retrasara el proceso de solicitud mientras Trump continúe teniendo una participación que pueda representar un conflicto de intereses.
"Nunca hemos visto conflictos financieros o corrupción de esta magnitud," escribió Warren en la carta. "El Congreso de Estados Unidos no abordó estos problemas cuando aprobó la ley GENIUS, por lo que corresponde al Senado atender estos conflictos de interés reales y serios mientras considera la legislación sobre la estructura del mercado cripto."
Warren es la demócrata de mayor rango en el Comité Bancario del Senado, donde esa legislación está programada para una audiencia el jueves. Un borrador del proyecto de ley que surgió el lunes por la noche no incluía aún ningún texto sobre ética gubernamental que había sido solicitado por senadores demócratas durante largas negociaciones sobre el proyecto. No está claro en qué lugar quedará ese asunto mientras el comité se prepara para considerar enmiendas y posiblemente votar para avanzar el proyecto al pleno del Senado.
El demócrata de Massachusetts ha rutinariamente criticado la administración y el presidente en puntos similares, y ahora se centró en las aspiraciones bancarias de WLFI.
"Si se aprueba la solicitud, promulgaría reglas que influyen en la rentabilidad de la empresa del presidente," escribió a Gould, designado por Trump. Por extensión, argumentó, Trump estaría a cargo de la supervisión gubernamental de sus propios intereses comerciales.
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