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En España, hace dos días, en consulta con el Parlamento español, el Ministerio de Hacienda inició la enmienda de la “ley contra el fraude fiscal,” en la parte que se refiere a la declaración de bienes en el extranjero en los modelos 720 y 721. El pasado mes de julio, el Gobierno impuso la declaratoria en dicho modelo a quienes tenía bitcoin y otras criptomonedas en el extranjero. El mes pasado, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea había declarado ilegítimas las duras sanciones impuestas por la norma, en caso de incumplimiento, obligando al parlamento ibérico a modificarlas.
La declaración de las criptomonedas en España
El Parlamento español aprobó una enmienda que simplifica la declaración del modelo 720, que requería que los contribuyentes revelaran qué y cuántas criptomonedas se tenían fuera de España. La regla incluía fuertes sanciones por datos falsos, incompletos o incluso inexactos. La enmienda trabajaría para eliminar muchas de estas sanciones.
Sin embargo, el Ministro de Hacienda, María Jesús Montero, defendió la lógica de la norma, considerando los activos digitales a todos los efectos como bienes y por tanto a declarar en el modelo que ampara los bienes en poder de los contribuyentes españoles en el extranjero.
Se espera que la modificación entre en vigor el 31 de marzo del próximo año, que también es la fecha límite impuesta por la Corte de justicia europea para enmendar la ley.
Según la regla anterior, los contribuyentes españoles podían incurrir en sanciones de hasta el 150% de los activos mantenidos en el extranjero. Esta sanción queda anulada por la nueva reforma, mientras que la sanciones, que podrían alcanzar un máximo de 10,000 euros por datos incompletos o inexactos, se reducen significativamente.
La declaración del modelo 720 se debía a todos aquellos que poseyeran bienes en el extranjero por un importe superior a 50,000 euros. La regla referente a las criptomonedas fue bastante controvertida tanto por la cantidad como sobre todo por la dificultad de considerar la ubicación geográfica de un activo digital como una criptomoneda. Y estas fueron algunas de las consideraciones que dieron pie al fallo del Tribunal de Justicia Europeo, que consideró el régimen sancionador como “extremadamente represivo”.
España contrarresta el fraude con criptomonedas
La ley que entró en vigor en octubre de 2020 y tenía como objetivo lucha contra el fraude y el lavado de dinero se había modificado posteriormente en julio precisamente para incluir la nueva regla sobre impuestos para mantener criptomonedas en el extranjero
Por otro lado, sólo en España en Valencia, la Guardia Civil detuvo a principios de año a un hombre de 45 años acusado de ser uno de los mayores estafadores en activos digitales en Europa, a quienes se les incautaron bienes por valor de 2.5 millones de euros.
Además, en enero, el gobierno español estableció normas estrictas en la publicidad de criptomonedas, que también se ha extendido a los influencers en las redes sociales. De acuerdo con estas nuevas reglas, cualquier campaña promocional relacionada con el mundo de las criptomonedas debe pasar primero el escrutinio de la CNMV, el corresponsal español de la CONSOB italiana.