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En Estados Unidos, la protección legal de la autocustodia de bitcoin (BTC) y otros activos digitales avanza con paso firme. Dos leyes estatales ya garantizan este derecho a los usuarios, mientras cuatro proyectos legislativos adicionales buscan sumarse a esta tendencia en 2025.
Kentucky acaba de promulgar la ley HB 701, firmada por el gobernador Andy Beshear el 25 de marzo de 2025, como reportó CriptoNoticias, convirtiéndose en el segundo estado en blindar la capacidad de las personas para gestionar sus criptomonedas sin intermediarios. Antes, Oklahoma había dado el primer paso con una legislación aprobada en mayo de 2024, que prohíbe a las agencias gubernamentales restringir esta práctica.
Estas normativas impiden que el Estado limite o prohíba a los ciudadanos mantener sus activos digitales en wallets personales, un movimiento que refleja el creciente interés por preservar la autonomía financiera en el ámbito de las criptomonedas.
La autocustodia, en esencia, significa que una persona tiene el control total de sus bitcoin o activos digitales, sin depender de terceros como bancos o plataformas de intercambio. Esto se logra mediante el uso de wallets, ya sean software instalados en dispositivos personales o hardware, como dispositivos físicos similares a memorias USB que almacenan las claves privadas, los códigos necesarios para acceder y gestionar los fondos.
En la práctica, quien autocustodia su bitcoin es el único responsable de su seguridad, lo que implica proteger esas claves de robos, pérdidas o fallos técnicos. La ley de Kentucky protege explícitamente este derecho, asegurando que los usuarios puedan operar nodos, minar y usar sus criptomonedas sin temor a intervenciones estadales, mientras que la norma de Oklahoma establece que ninguna entidad pública puede impedir esta libertad.
El impulso no se detiene ahí, en 2025 más estados en Estados Unidos han presentado proyectos para amparar la autocustodia. Carolina del Sur avanza con el proyecto S 163, presentado en enero de 2025, Ohio con el HB 116, introducido en febrero de 2025, y Misuri con el SB 614, también registrado en enero de este año.
California, por su parte, presentó el proyecto AB 1052. Este caso destaca por su alcance, busca garantizar que los 39,4 millones de residentes del estado puedan gestionar sus activos digitales sin restricciones, un giro que transforma una ley previa de transmisión de dinero en un marco de protección para criptomonedas.
Todos estos proyectos se encuentran en fases prematuras en el proceso legislativo, con algunos casos, como Carolina del Sur, en espera de su primera discusión en plenaria. Y otros, como Ohio y Misuri, que apenas están en el primer comité.
Un lenguaje claro
Estas iniciativas comparten un argumento claro: evitar que las autoridades estadales prohíban, restrinjan o menoscaben la capacidad de una persona para utilizar activos digitales para comprar bienes o servicios legales con ellos.
Además, estipulan que el estado no prohibirá, restringirá ni menoscabará la capacidad de una persona para autocustodiar activos digitales utilizando una wallet de autocustodia o una cartera de terceros.
En Ohio, el texto agrega una precisión: “Ningún departamento, agencia o entidad de este estado ni ninguna subdivisión política de este estado prohibirá, restringirá o de otro modo perjudicará la capacidad de una persona para tomar la custodia de activos digitales usando una wallet de hardware o una wallet alojada por usted mismo”. Estas disposiciones buscan blindar a los usuarios frente a cualquier intento gubernamental de limitar su control sobre sus fondos digitales.
En general, estas medidas traducen un principio clave de las criptomonedas, la soberanía financiera, en un derecho tangible, protegido por ley. Sin embargo, la responsabilidad recae en el usuario. Perder una clave privada equivale a perder el acceso a los fondos, sin posibilidad de recurrir a una entidad centralizada para recuperarlos.
Como lo ha señalado la organización Satoshi Action Fund, que ha estado detrás de todos los avances legislativos en los estados de EE. UU., las leyes que defienden el derecho a la autocustodia de Bitcoin protegen “la voluntad de millones de estadounidenses para usar BTC y criptomonedas” sin discriminación.
En efecto, el avance de estas legislaciones refleja un cambio en cómo las legislaciones de los estados perciben las criptomonedas como una herramienta legítima que merece protección.
Ahora, con estados como Kentucky, Oklahoma, Carolina del Sur, Ohio, California y Misuri tomando la delantera, se dibuja un mapa de regiones que apuestan por empoderar a los usuarios frente a posibles regulaciones restrictivas.
Como lo ve el senador de Kentucky, Steve Rawlings, la mayoría de las formas electrónicas de dinero requieren un intermediario financiero, como el banco, y las criptomonedas “alteran fundamentalmente esa ecuación” al permitir que los individuos posean y controlen sus activos digitales y los usen como moneda de curso legal.
Para él, si se asegura que Kentucky pueda ejercer estas opciones, “se promoverá la libertad financiera personal y se mantendrá a la mancomunidad alineada con el presidente (Donald Trump) y aquellos que están luchando por proteger nuestro futuro financiero”.
¿Qué implica esto en la práctica?
Que una ley proteja la autocustodia de bitcoin significa que se garantiza legalmente el derecho de los individuos a poseer, almacenar y controlar sus criptomonedas, como BTC, de manera directa, sin depender de intermediarios como bancos o plataformas de terceros.
En otras palabras, la legislación asegura que las personas puedan gestionar sus claves privadas y usar sus activos digitales libremente, sin restricciones gubernamentales excesivas ni requisitos de delegar esa custodia a instituciones. Esto refuerza la libertad financiera y la autonomía personal, principios fundamentales detrás de las criptomonedas.
Una ley de autocustodia podría establecer que el gobierno no puede incautar los bitcoin de una persona sin un proceso legal claro y justificado (como una orden judicial). Por ejemplo, si alguien guarda 5 BTC en una billetera personal, las autoridades no podrían exigirle que entregue sus claves privadas sin una causa legítima.
Por otro lado, la legislación podría equiparar la autocustodia de bitcoin a tener dinero en efectivo en casa. Por ejemplo, si una persona usa una wallet fría (un dispositivo físico como un Trezor o Ledger) para almacenar 10 BTC, la ley protegería ese dispositivo como propiedad personal, impidiendo regulaciones que obliguen a depositar esos fondos en un banco o exchange.
Además, una ley podría permitir que un comerciante acepte pagos en BTC directamente desde la wallet de un cliente, sin exigir que pase por un procesador de pagos regulado. Por ejemplo, una cafetería en Kentucky podría recibir 0,00005 BTC por un café, y la ley aseguraría que tanto el cliente como el comercio puedan realizar esa transacción libremente, sin intervención de terceros.
Para un usuario, una ley que protege la autocustodia de bitcoin significa una mayor libertad financiera, así como seguridad jurídica. Además de que se le facilita la vida cotidiana si es usuario asiduo de criptomonedas.
Por ejemplo, cuando alguien llegue a un aeropuerto en Kentucky con una hardware wallet en el bolsillo. Bajo la ley HB 701, las autoridades estadales ya no pueden -en teoría- confiscarla, ni tampoco exigir que se revelen las claves privadas solo por poseerla. Esto, claro, siempre que no haya evidencia de actividades ilegales.
Otro caso es que un comerciante en Ohio ya puede aceptar bitcoin sin preocuparse por trabas legales estadales, pues la ley de 2024 ampara su actividad. Además, un minero en Kentucky ya puede operar su nodo con respaldo jurídico. Mientras que un californiano podría llevar su wallet digital sin temor a sanciones o persecución, pero solo si se aprueba la normativa.
Sin embargo, no todo es automático. Estas normativas estadales no afectan las leyes federales, por lo que agencias como el Servicio de Impuestos Internos (IRS) o la Comisión de Bolsa y valores (SEC) podrían seguir aplicando sus propias reglas, especialmente en temas fiscales o de seguridad nacional.
¿A dónde vamos?
La proliferación de estas leyes plantea preguntas sobre el futuro, ¿hasta dónde llegará esta ola de protección a la autocustodia?
Por un lado, fortalece la filosofía descentralizada que dio origen a Bitcoin, creada por Satoshi Nakamoto en 2009 para evitar la dependencia de intermediarios. Por otro, pone a prueba la capacidad de los gobiernos para equilibrar la libertad individual con la prevención de actividades ilícitas, como el lavado de dinero.
A medida que 2025 avanza, el panorama sugiere una tendencia clara, los estados están reconociendo que las criptomonedas no son una moda pasajera, sino una realidad que demanda marcos legales adaptados.
Kentucky y Oklahoma ya dieron el paso, Carolina del Sur, Ohio, California y Misuri podrían seguir pronto. Para los usuarios, esto significa más control sobre su dinero digital, pero también un recordatorio: la libertad viene con la tarea de protegerla, tanto de amenazas externas como de errores propios.
En un mundo donde lo digital y lo físico se entrelazan cada vez más, estas leyes invitan a reflexionar: ¿es la autocustodia el próximo bastión de la autonomía personal, o solo un capítulo más en la evolución de las finanzas? El tiempo, y las legislaturas, lo dirán.