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España y el resto de los países de la Unión Europea (UE) se preparan para la entrada en vigor del Reglamento para el Mercado de Criptoactivos (MiCA) a partir del 1 de enero año entrante.
Cuando faltan pocos meses para que se concrete este hecho, organismos como la Comisión Nacional de Valores (CNMV) -ente encargado de la supervisión del sector- manifiestan su preocupación por las repercusiones de la regulación, principalmente durante el periodo de transición de un año que correrá a lo largo de 2025, y que es conocido como grand-fathering periodto o período de derechos adquiridos.
Así lo ha dejado ver el presidente, Rodrigo Buenaventura, expresando sus inquietudes sobre la protección de los inversionistas de criptomonedas durante ese tiempo de transición.
Tal como informó CriptoNoticias, en octubre pasado el gobierno de España decidió adelantar la entrada en vigor en el país de MiCA, acortando a 18 meses el lapso transitorio de aplicación de la normativa. De esta forma, el periodo para ajustar las leyes vigentes al Reglamento se estipuló en un año.
«MiCA, reglamento pionero en el mundo, se pondrá en marcha en España en diciembre de 2025 con el fin de crear un marco regulatorio y supervisor estable que dé seguridad jurídica y proteja a los inversores en relación con la provisión de servicios de criptoactivos», señaló el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Según las declaraciones del presidente de la CNMV, se espera que la normativa tenga un impacto considerable en el mercado español. En ese sentido, advierte que los riesgos asociados a estos activos no desaparecen con la nueva ley. «MiCA no elimina los riesgos cripto», dijo Buenaventura durante su más reciente comparecencia ante el Congreso de los Diputados.
La llegada de una norma que regula las criptomonedas, y a quienes las venden, puede generar en los ciudadanos la sensación de falsa seguridad en el sentido de pensar que al estar reguladas desde enero los riesgos asociados a las criptomonedas desaparecen. Pero los riesgos de la industria de criptomonedas no se eliminan por arte de birlibirloque (arte de magia).
Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV.
Entre las principales preocupaciones que manifiesta el funcionario se halla el hecho de que durante ese tiempo transitorio las empresas que aún no tengan licencia MiCA podrán seguir operando.
Esto significa que en 2025 van a convivir proveedores de servicios sobre criptoactivos que ya estén registrados con la nueva licencia MiCA, con aquellos que aún no hayan cumplido con la normativa. Una situación que puede generar muchas confusiones, según los señalamientos de Monserrat Martínez Parera, vicepresidenta de la CNMV.
De ahí que el organismo haya puesto en marcha una serie de acciones, a fin de ajustarse lo más pronto posible a la regulación. «En los últimos meses estamos siendo especialmente activos, manteniendo reuniones y organizando talleres, y también tratando de ayudar a resolver cuestiones sobre la aplicación de MiCA», acotó Martínez.
Agrega que han estado enviando cartas a empresas de servicios de inversión, y a los proveedores inscritos en el registro de Banco de España. «Aplicamos un cuestionario en nuestra web para el resto de las entidades que quisieran contactar y publicamos un manual detallado que describe la documentación a presentar y los formularios necesarios para hacerlo».
También se reforzó el equipo de la CNMV y se lanzó una campaña informativa para preparar a los inversores. Sin embargo, se considera que son muchos los retos que se deberán enfrentar una vez que MiCA entre en vigor.
Sobre ello ya se ha pronunciado la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), llamando a evitar que empresas de bitcoin (BTC) «complejas y opacas» operen en la UE en el lapso transitorio.
La idea es impedir que, previo a la entrada en vigor de la Ley, algunas plataformas de criptomonedas traten de explotar las diferencias regulatorias que existen actualmente entre los países, intentando operar en la UE desde el extranjero con las leyes vigentes, aprovechando que la mayoría de los reguladores tendrán poderes limitados para supervisar a quienes se beneficien del período transitorio.
Para la CNMV los inversionistas no están protegidos con MiCA
Sobre los avances en la adecuación de las leyes vigentes en España a MiCA, la vicepresidenta de la CNMV indicó que quedan solo algunas piezas pendientes. «Por ejemplo, ESMA aún tiene que desarrollar el registro unificado de libros blancos (white papers) que le enviaremos los supervisores».
También se están ultimando las guías de ESMA sobre la naturaleza de los criptoactivos y «estamos reforzando los mecanismos de convergencia para asegurar que todos los supervisores de la UE tenemos enfoques homogéneos sobre cómo interpretar la ley en los diferentes modelos de negocio o cómo aplicar los requerimientos de segregación de activos, entre otros».
No obstante, a pesar de que se considera que MiCA es una ley completa e innovadora, tanto el presidente como la vicepresidenta de la CNMV consideran que el Reglamento ofrecerá al inversor una protección menor que la que actualmente obtiene con otros productos, como las acciones o fondos de inversión.
«Es verdad que MiCA nos otorga poderes para controlar el uso de información privilegiada y la manipulación de precios, pero el reto será sin duda mayúsculo, en unos mercados altamente transfronterizos.
Además, no tenemos un reporte diario de transacciones, como sí existe en los mercados de valores», expresó Monserrat Martínez, insistiendo en que se deberá prestar especial atención a aquellos modelos de negocio cuya actividad principal no está en Europa, pero que operan en la región.