El socio de Alvise pide al juez que las víctimas acrediten su perjuicio para conocer la dimensión de la 'criptoestafa'

Mediante un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción Nº4 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la representación legal de Romillo pide al juez José Luis Calama, instructor de la causa, que "fije los criterios para la determinación de la responsabilidad civil".

Así se lo solicita el letrado, Francisco Miranda, con el objetivo de que únicamente se tengan por personados en el procedimiento a "quienes acrediten debidamente la condición de perjudicados".

"Servirá de base para ordenar el procedimiento desde el inicio", señala. La defensa de Romillo entiende que se debe determinar las condiciones de las víctimas como tales deben establecerse "en este momento procesal, y no avanzada la tramitación del procedimiento".

El escrito argumenta que esto serviría para "no incrementar la complejidad que, ya de por sí, tiene la causa".

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"Si no se analiza la documentación aportada y se fijan desde un inicio estos criterios, en nuestra experiencia, al final de la fase de instrucción resulta prácticamente inasumible -por el volumen de documentación- determinar si los denunciantes tienen un interés legitimo o no en el procedimiento", continúa.

A juicio de la defensa, si no se le pide a las víctimas que acrediten su perjuicio "se estaría permitiendo tener acceso a los datos del procedimiento -tanto de denunciantes como denunciados- a personas sin acreditar mínimamente su condición, y se les estaría permitiendo participar de la instrucción y presentar solicitudes -que tienen que ser tramitadas- sin ningún criterio".

Esto no resultaria "en ningún caso operativo, ni beneficia a ningún de las partes personadas".

Solicitudes al juez

Romillo confesó en una denuncia presentada en la Audiencia Nacional que desde el año 2021 se dedicaba a asesorar a particulares empresas "para que puedan obtenerventajas económicasa través de la elusión fiscal".

Con el tiempo creó una comunidad constituida por empresarios y particulares delsector cripto, interesados en la compraventa de obras de arte digitales. Para gestionar esa comunidad creó Madeira Invest Club (MIC), desde la que publicitan obras de arte digital que los miembros del club pueden comprar en cash, criptomonedas o transferencias bancarias.

Ya en 2023, la CNMV publicó una alerta tachando de"chiringuito financiero"la actividad de MIC. Ahora Romillo pide al juez que, si se determinan y se aplican "unos criterios mínimos, se podría conocer con mayor exactitud la realidad de los hechos y la dimensión de la supuesta estafa".

"En el presente procedimiento, la gravedad de los hechos dependerá en gran medida de la cuantía económica que se reclame", continúa, "por lo que si se realiza un control de la documentación aportada desde el inicio para determinar la cuantía de la responsabilidad civil, se podrá tramitar de forma más ágil la instrucción, y se facilitaría la labor de la Fiscalía y, en su caso, del Tribunal sentenciador".

Por ello, tomando como referencia procedimientos similares de los Juzgados Centrales de Instrucción, el abogado del socio de Alvise pide al juez que "se establezcan los criterios que se tomarán en cuenta para tener la condición de perjudicados y para establecer la cuantía que, en su caso, debe satisfacerse".

Así, solicita que se analice la documentación aportada en cada una de las denuncias: si se han personado debidamente con abogado y procurador, que se examine la adecuación de los contratos, el periodo de validez de los mismos, si se ha recuperado o no el dinero entregado -en parte o en su totalidad-, si la documentación que acredita las entregas de dinero son suficientes, y si el destinatario de las entregas de dinero es realmente el propio Romillo o alguna sociedad vinculada al mismo.

También se solicita comprobar "si las cantidades coinciden en fecha y en cantidad con los contratos, si la documentación aportada es verdadera o se encuentra falsificada, que se examine la trazabilidad del origen del dinero -principalmente en las transacciones de criptomonedas y entregas en efectivo-" y que se compruebe si las cantidades entregadas se hicieron de forma legítima o se hicieron al margen de la Ley de prevención de blanqueo de capitales, entre otras solicitudes al juez.