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Con el objetivo de anunciar las medidas que se tomarán para la aplicación del Reglamento para el Mercado de Criptoactivos (MiCA), el Banco de España (BdE) publicó un instructivo dirigido a los participantes del ecosistema que realizan operaciones con activos digitales identificados en la nueva legislación como ART (tokens referenciados a activos) y EMT (tokens de dinero electrónico) .
El comunicado del BdE explica así la forma en que se aplicará MiCA en el país ibérico con miras a regular el mercado de stablecoins, monedas que circulan con el respaldo de otros activos.
Vale recordar al respecto que, aunque los dos tipos de criptoactivos hacen referencia a activos que buscan mantener un valor estable, se diferencian en que los ART se respaldan con una cesta de divisas mientras los EMT se vinculan a una sola moneda. Son estos últimos entonces los que se conocen mayormente en el mercado de criptomonedas como stablecoins, tal como ocurre con USDT y USDC, ambas ancladas al dólar estadounidense.
De esta forma, lo indica el documento publicado este 10 de julio en el sitio oficial del Banco de España, con el que el organismo ratifica su potestad para ejercer la supervisión e inspección de este sector del mercado de criptomonedas.
Acota así que sus funciones le otorgan la potestad de prohibir el funcionamiento y aplicar sanciones a las empresas que ofrezcan al público servicios o que realicen operaciones con monedas estables, sin la debida autorización.
«Con carácter general, solo pueden ser emisores en el país las personas jurídicas que cuenten con la debida autorización del Banco de España y las entidades de crédito que hayan obtenido la previa aprobación del correspondiente libro blanco». El mismo debe ser presentado ante el organismo para su aprobación, según señala el comunicado.
Se explica, en ese sentido, que los emisores de tokens referenciados a activos o ART que hayan hecho emisiones antes del 30 de junio de 2024 (fecha en la que entraron en vigor las normas MiCA en la Unión Europea) pueden continuar haciéndolo durante un período transitorio, que se estima en seis meses según el artículo 143.
Sin embargo, se les exige que, antes del próximo 30 de julio, soliciten la aprobación de su libro blanco ante el Banco de España.
La situación es diferente para los emisores de tokens de dinero electrónico o EMT, que desde el pasado 30 de junio solo pueden ser emitidos con el permiso otorgado a entidades de crédito o entidades de dinero electrónico.
Una vez cumplan este requisito también tienen que presentar su libro blanco antes de fin de mes, para quedar debidamente autorizadas por el BdE. Todo ello sin contar con un periodo de transición.
Recomiendan verificar que las stablecoins tienen autorización
El escrito alega que, en función del cumplimiento observado, el Banco también podrá exigir a los emisores de ART o EMT que cesen o suspendan sus comunicaciones publicitarias, además de informar al público sobre los oferentes de monedas estables que estén incumpliendo sus obligaciones.
En este punto el organismo insta a las personas que quieran adquirir stablecoins en el país, para que consulten el contenido de los libros blancos de los emisores de su interés. Esto, a fin de comprobar si el emisor está debidamente autorizado.
Estas funciones de supervisión del Banco de España serán compartidas con la Comisión Nacional de Valores (CNMV). Este ente se encargará de la supervisión del cumplimiento de las normas establecidas en MiCA para el funcionamiento de los exchanges y otras empresas que ofrecen servicios con bitcoin (BTC).
Para aclarar más sobre las disposiciones que se aplicarán en España, el ente monetario recomienda -a las personas y empresas que pretendan desarrollar las actividades con stablecoins- que se pongan en contacto con ellos antes de iniciar los procedimientos formales previstos en MiCA. A tal efecto, se colocan a disposición del público unos formularios de comunicación.
Tal como ha informado CriptoNoticias, el comunicado del BdE se presenta en un contexto en el cual comienza a reconfigurarse el mercado de criptomonedas de la UE, tras la entrada en vigor de la primera fase de MiCA. La segunda fase se implementará en diciembre próximo. España destaca entre los países de la región que adelantó fecha de vigencia de la legislación.