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El Congreso de Argentina está actualmente en pleno debate de la llamada Ley de Bases, un proyecto que contempla ofrecer a los contribuyentes la posibilidad de blanquear capitales, incluyendo monedas nacionales, divisas extranjeras, inmuebles dentro y fuera del país, así como las criptomonedas.
La propuesta, también conocida como «Ley Ómnibus», fue presentada a finales del año pasado por el presidente Javier Milei. Posteriormente, el capítulo relacionado con bitcoin (BTC) y demás criptomonedas fue descartado en enero debido a la intención del gobierno de sacarla adelante rápidamente.
Sin embargo, tras el rechazo de la ley en el Congreso ocurrida en febrero, finalmente la propuesta se volvió a introducir en el cuerpo legislativo y se aprobó en el debate de la Cámara Baja la semana pasada, incluyendo el capítulo sobre criptoactivos. Ahora, con esta media sanción, el proyecto se discute en el Senado donde podría ser sancionado o modificado.
El proyecto tiene un capítulo dedicado a exponer el régimen de regularización de activos, que permite a los contribuyentes declarar las criptomonedas que poseen y disfrutar de una exención en el pago de impuestos. Esto, dependiendo del monto declarado.
Sobre este tema, la ONG Bitcoin Argentina realizó un Space en X, para evaluar las posibles ventajas y desventajas del proyecto para el sector de las criptomonedas, resaltando las implicaciones que tendrá para el ecosistema argentino.
El presidente de la ONG, Ricardo Mihura, habló de los principales objetivos del proyecto: generar recaudación a partir de un impuesto especial en función de los bienes que se declaren y traer divisas al sistema financiero para reforzar las reservas del banco central. Una meta en la que ahora se incorporan las criptomonedas.
De esta forma, quienes transfieran u operen con criptoactivos por un monto inferior a los USD 100.000 no pagarán impuestos por el blanqueo de sus capitales.
Las alícuotas se establecen según la fecha en la cual se haga el blanqueo. Se determinó un monto de 5% de la base imponible en la primera fase de la declaración y luego 10 a 15% si se hace en una segunda. «Esto es importante para quienes solo desean blanquear una parte de sus criptomonedas, pues no se pagará impuestos adicionales en una segunda fase de declaración», explica Mihura.
Sobre ello, la contadora experta en criptoactivos, Verónica Aballay, resalta las ventajas del proceso, indicando que con este nuevo sistema será posible usar abiertamente el capital declarado en criptomonedas para hacer pagos y comprar bienes e inmuebles, «sin tener que esconder las transacciones al fisco».
Para la experta, el blanqueo ofrece una vía para salir de la informalidad. No obstante, Mihura aconseja evaluar muy bien la situación antes de acogerse al blanqueo.
En ese sentido, piensa que es importante considerar la forma en que este sistema afecta la soberanía financiera que promueve la filosofía bitcoiner. Hay que considerar entonces que Bitcoin nace como un sistema opuesto a la intervención de los gobiernos, con el propósito de que las personas tengan control sobre su dinero.
«Por ello, es recomendable que cada persona analice su situación y determine lo que más le conviene. Tome en cuenta que la información de sus finanzas quedará expuesta», insiste. «Para quienes defendemos el hold sin custodia puede que no sea favorable», acotó el presidente de la ONG.
Las criptomonedas tienen un trato poco equitativo
Durante el Space, Mihura también cuestionó el hecho de que a las criptomonedas no se les está dando el mismo trato que a otros activos dentro del proyecto de ley. Se refiere así a dos aspectos: la valuación respecto a otros activos y la imposibilidad de mantener los criptoactivos en cuentas.
La valuación es la fecha de declaración, establecida hasta el 31 de diciembre de 2023. Pero, también se exige demostrar la fecha de adquisición de las criptomonedas y declararlas en función de su valor más alto en el mercado. Una exigencia que genera dificultades porque obliga a las personas a ir atrás para indicar cuándo, dónde y a qué precio adquirió el criptoactivo.
Ricardo Mihura, presidente de la ONG Bitcoin Argentina.
Para Mihura y Aballay esta norma no solo va en contra del concepto de blanqueo, sino que no toma en cuenta las características de las criptomonedas y las diferentes formas en que se adquieren, que difieren del sistema financiero tradicional. «Pueden comprarse a través intercambios peer to peer que no son fáciles de rastrear y demostrar».
En cuanto al tema de la colocación de activos en cuentas especiales, la propuesta permitirá a los contribuyentes declarar sus tenencias en acciones, bonos y dólares y mantenerlas por dos años en una cuenta especial en el banco central, sin pagar impuestos. Una opción que no se ofrece a los tenedores de criptomonedas.
«Si tengo los criptoactivos en el exterior no puedo venderlos, transformarlos en dólares y depositarlos en una cuenta para eximirlo de impuestos», acota Mihura, calificando a este tratamiento como poco equitativo.
No obstante, es importante tener en cuenta que la propuesta aún está por debatirse en el Senado. Un proceso en el cual pueden surgir modificaciones. Mihura aspira que muchos de estos puntos, que a su juicio son controvertidos, sean modificados en el Senado. En ese caso, la propuesta será remitida nuevamente a la Cámara Baja para su revisión y posterior aprobación.