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La Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV), organismo encargado del nuevo registro de proveedores de servicios de bitcoin (BTC) y criptomonedas, aseveró que en los planes del ente está “escuchar y entender” a las empresas del sector, antes de avanzar en una mayor regulación.
Durante una reunión con representantes jurídicos y miembros de la Cámara de Fintech de Argentina, el presidente de la CNV, Roberto Silva, indicó que es importante recibir a las empresas del sector de las criptomonedas “y trabajar en conjunto”.
“Se les va a escuchar, pondremos el mayor empeño en entenderlos y luego decidiremos cuál es el mejor camino para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la norma, procurando no obstaculizar la actividad”, dijo Silva.
De acuerdo con el también abogado, se creó un “registro simple, sin formalidades, ni absurdos”. Y además orientado en el marco “de la desregulación que impulsa el gobierno nacional, pero teniendo en cuenta el mandato de la ley”.
El registro de proveedores de servicios de activos virtuales, entre los que destacan exchanges, monederos, pasarelas de pago y empresas similares; fue abierto la semana pasada por el CNV, luego de que fuera modificada la Ley de Lavado de Activos, que otorga a ese organismo la potestad para regular a esas entidades.
El registro ha provocado distintas manifestaciones en la comunidad. Desde su aprobación en el Senado se gestó un debate entre los que alegan que el gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, promovió la regulación y, en consecuencia, “los entregó”; y los que apoyan que se cree más infraestructura regulatoria para el sector de las criptomonedas en esa nación.
Al mismo tiempo, han surgido alertas de que, a partir de la nueva regulación argentina, los usuarios de exchanges locales estarán más vigilados, ya que estas empresas tendrán más de cerca la mirada de la CNV.
No obstante, desde hace años las autoridades argentinas ya supervisan a los exchanges y, asimismo, a sus usuarios. Desde 2014, la Unidad de Información Financiera (UIF) estableció la obligación de reportar operaciones con criptoactivos.
Desde 2017, el sistema tributario argentino incluye dentro del impuesto de ganancias a las criptomonedas. Y desde 2019, la Administración Federal de Ingresos Públicos estableció un régimen de información mediante el cual los exchanges están obligados a presentar un informe mensual sobre sus actividades.