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Un proyecto de ley que pretende ampliar la capacidad de las autoridades del Reino Unido para ir tras el uso ilícito de criptomonedas ha pasado a la fase final para su aprobación por la Cámara de los Lores.
El Proyecto de Ley sobre Delitos Económicos y Transparencia Empresarial se presentó en septiembre de 2022 y su principal objetivo es hacer frente a los delitos financieros relacionados con criptomonedas. Durante el año pasado, el proyecto de ley pasó de la Cámara de los Comunes a la Cámara de los Lores y ahora se encuentra en las etapas finales de aprobación.
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Durante la revisión, la Cámara de los Lores acordó ciertas enmiendas para aclarar su intención de centrarse en las ganancias monetarias procedentes del fraude u otros delitos financieros. Además, el proyecto de ley también pretende establecer disposiciones en materia de transparencia empresarial y registro de empresas en el extranjero.
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El regulador financiero del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), reveló recientemente su disposición a trabajar con las criptomonedas para desarrollar un marco regulatorio muy esperado para la industria.
In her speech at #CityWeek2023, Sarah Pritchard spoke about the regulation of #cryptocurrency and how effective early engagement can support regulation that benefits all. https://t.co/w6Zv6K5FP1
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) April 25, 2023
En su discurso en #CityWeek2023, Sarah Pritchard habló sobre la regulación de las criptomonedas y cómo un compromiso temprano eficaz puede apoyar una regulación que beneficie a todos. https://t.co/w6Zv6K5FP1
En su intervención en la conferencia City Week de Londres, la directora ejecutiva de la FCA, Sarah Pritchard, dijo:
“Trabajemos juntos para dar forma a nuestras reglas y regulaciones para beneficiar a los mercados, los consumidores y las empresas a medida que las criptomonedas pasan de nicho a ser de uso generalizado.”
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Pritchard señaló que las responsabilidades de la FCA se limitan a garantizar que las criptoempresas que operan en el Reino Unido cumplan con la legislación contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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