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El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que El Salvador pondrá fin a la acumulación de Bitcoin mediante compras realizadas con recursos públicos. Según el organismo internacional, se alcanzó un acuerdo técnico sobre las revisiones del programa de financiamiento vigente. Con este avance, las autoridades salvadoreñas podrían acceder a un desembolso adicional cercano a los $140 millones.
Las incorporaciones recientes registradas en la reserva estratégica estatal provinieron exclusivamente de donaciones privadas verificadas. El organismo confirmó que las autoridades locales presentaron la documentación correspondiente sobre el origen de dichos activos. Por consiguiente, el gobierno no habría utilizado recursos del Tesoro público para realizar adquisiciones directas de Bitcoin, según señala el reporte.
El acuerdo establece que el país no continuará acumulando criptoactivos mediante recursos públicos, más allá de las contribuciones previamente justificadas. Esta medida busca despejar las dudas surgidas en los mercados sobre la gestión de las reservas estatales. Además, la distinción resulta relevante debido a la complejidad que puede existir al interpretar determinados movimientos registrados en la blockchain.
El programa financiero aprobado en febrero de 2025 contempla un acceso total de $1.400 millones. Sin embargo, los nuevos fondos todavía dependen de la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo. De cumplirse los compromisos establecidos, la nación centroamericana podría fortalecer sus reservas de liquidez internacional.
IMF staff and the Salvadoran authorities have reached a staff-level agreement on the combined second and third reviews under El Salvador’s Extended Fund Facility (EFF) arrangement. Subject to IMF Board approval this would unlock about US$140m. https://t.co/M2cPiHQBsp pic.twitter.com/SqppMrOdk1
— IMF (@IMFNews) September 3, 2026
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El sector público reduce su participación directa en servicios cripto y acumulación de Bitcoin
El gobierno salvadoreño transfirió la participación mayoritaria de la billetera digital Chivo a un operador privado. La administración estatal conserva una participación minoritaria y mantiene determinadas responsabilidades relacionadas con los fondos de los usuarios. Esta reestructuración responde a los compromisos asumidos para reducir los riesgos operativos y fiscales asociados con el sistema.
Asimismo, las partes acordaron reforzar el marco regulatorio y la supervisión de los activos digitales en el país. De este modo, el programa contempla fortalecer la gestión de riesgos en las entidades públicas que manejan estos instrumentos. Adicionalmente, las autoridades mantendrán el cobro de impuestos en dólares y el uso voluntario de criptoactivos por parte de los comercios.
A pesar de los condicionamientos financieros, el informe técnico proyecta un panorama económico favorable para la nación. El organismo estima un crecimiento del producto interno bruto del 4,5% para 2026. Este dinamismo estaría respaldado por el comportamiento de las remesas, el turismo internacional y la inversión.
De igual modo, las proyecciones contemplan una mejora sostenida del superávit primario del sector público. Las autoridades prevén reducir gradualmente el nivel de deuda acumulada durante los próximos años. Estas metas fiscales buscan consolidar la estabilidad macroeconómica y reforzar el cumplimiento de los compromisos asumidos con los organismos internacionales.
La regulación transparente define el futuro de la política cripto
El uso de fondos públicos para comprar criptoactivos quedaría descartado dentro del esquema de asistencia financiera acordado con el FMI. No obstante, las donaciones privadas registradas abrieron un debate sobre los mecanismos mediante los cuales el Estado puede continuar incorporando activos digitales sin recurrir directamente a recursos fiscales.
El Directorio Ejecutivo del organismo internacional evaluará el informe técnico en las próximas semanas para autorizar el desembolso. De ser aprobado, El Salvador avanzará en la consolidación de su marco fiscal sin comprometer nuevos recursos estatales en compras directas de Bitcoin. La evolución de este modelo podría servir como referencia para otras economías emergentes interesadas en acercarse a Bitcoin y al ecosistema cripto dentro de marcos regulatorios más estrictos.