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Los gobiernos se han vuelto rehenes de sus propios impulsos estatistas y aislacionistas, ejecutando la manipulación monetaria como una herramienta de política comercial.
Saifedean Ammous.
Bitcoin ahora es un asunto de Estado. Siendo precisos, comienza a serlo. Si bien hay países, como El Salvador, Bután o Venezuela, que tienen años involucrados, en la mayoría del mundo sigue siendo un fenómeno incipiente. Pero real.
Como commodity digital, como oro 2.0, los países del mundo ya están notando cómo es un recurso no renovable que no se pueden dar el lujo de perder. Porque, en su escasez, Bitcoin impone un juego de suma-cero: el bitcoin que tú tienes, no lo tengo yo. Esto plantea una relación adversarial y una carrera entre países por acumular lo que muy probablemente sea el fundamento del valor en el orden monetario por venir.
En un mundo en que el 95% de todos los bitcoins a existir ya se han emitido, de los cuales al menos 50% está en manos de individuos y apenas un 2% en manos de Estados, el verdadero adversario no son otros países, sino los mismos ciudadanos.
Sí, el fantasma de la confiscación vuelve a surgir, pues cada día deja su espectralidad y gana más cuerpo debido al creciente interés de los Estados por Bitcoin.
Cabe recordar que, en el siglo XX, no fue solo Estados Unidos en 1933, con su orden ejecutiva 6102, quien confiscó el oro de sus ciudadanos. La Unión Soviética (1920); Italia (1935); Alemania (1933-1945); Checoslovaquia (1939); China (1949); Reino Unido (1966); Corea del Sur (1977). Al menos siete países en el siglo XX violentaron la propiedad privada de sus ciudadanos, justificados en el interés nacional. Y esto a pesar de que, a diferencia de bitcoin, no eran los individuos quienes tenían el mayor porcentaje del suministro del oro.
Apenas dos días después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, comenzaron a salir periodistas en medios de comunicación masivos y tradicionales de la talla de CNBC hablando sobrela “oportunidad” que representaba para EE. UU. confiscar unos presuntos 600.000 BTC, que se especula podría tener el gobierno venezolano. Ya no se trata exclusivamente del petróleo, metales, minerales y demás recursos. Dentro del apetito bélico también entra Bitcoin, algo inédito en la historia.
Si bien no hay información oficial al respecto –ni de que el gobierno de Maduro haya acumulado esa cantidad de bitcoin, ni de que el gobierno de Trump esté pensando en incautarlo –, lo que nunca antes había pasado es que dentro del imaginario colectivo se contemplará el pillaje de BTC como botín de guerra.
Si bien los 328.000 BTC que posee Estados Unidos provienen de incautaciones, no se había planteado una confiscación en un contexto bélico. Esto representa un cambio simbólico con consecuencias profundas, pues habla de un giro radical en la percepción de este instrumento monetario.
No es la primera vez que Bitcoin desempeña un rol en un contexto beligerante a nivel de Estados-Nación. Recordemos cómo en los primeros meses de la invasión de Rusia a Ucrania la comunidad bitcoiner donó más de 100 BTC a la ONG ucraniana Come Back Alive. De forma contrastante, aquí la voluntad fue aportar, no arrebatar.
Como bitcoin es dinero para enemigos, luego de impuestas las sanciones a Rusia en las que se le excluyó del sistema financiero occidental, acudieron a bitcoin como dinero incensurable. Esto ha pasado en otros países sancionados, como Irán, que desde 2022 acepta bitcoin para importaciones, y recientemente ha comenzado a aceptarlo como método de pago para la compra de misiles balísticos, drones y demás armamento militar. Del uso que ha dado Venezuela, también sancionado, a las criptomonedas, hemos hablado extensamente en CriptoNoticias.
No está de más mencionar los casos de El Salvador y Bután como compradores y mineros de Bitcoin. Incluso, Bitcoin se vuelve materia de relaciones internacionales, de acuerdos de entendimiento y alianzas bilaterales entre naciones para educar en materia de adopción. Tal ha sido el caso de El Salvador con Pakistán, estrategia en la que también ha participado Estados Unidos; así como también con Bolivia; Argentina; Uruguay; Paraguay; y Kazajistán.
Destaca, por mucho, el interés regional de los gobiernos latinoamericanos, habiendo contado con El Salvador como pionero mundial en la adopción a nivel de Estado-nación de forma oficial.
Hasta ahora, la forma de adopción y de exploración en el mundo ha sido, por darle un nombre, benevolente. La minería a nivel gubernamental, por ejemplo, ha hecho que un país pequeño como Bután tenga más BTC per capita que Estados Unidos. En efecto, la minería, que supone una alta demanda energética, es el aspecto de Bitcoin donde la geopolítica juega un rol más significativo. El acceso a energía barata atrae inversión y puede ser una fuente de ingresos para un país, pero todo depende de la estabilidad y seguridad jurídica, como lo han demostrado los casos de China y Paraguay, quienes ahuyentaron a sus mineros.
Con todo, la minería sigue teniendo el problema de que solo queda menos del 5% de los 21 millones de bitcoin a ser emitidos, es decir, poco más de 1 millón de BTC a emitir en los próximos 114 años. Un monto que la rapiña estatal podría considerar bajo, más aún sabiendo que están imposibilitados de acelerar el ritmo de emisión como tanto gustan hacer.
Mientras tanto, hay más de diecinueve millones de bitcoin ya en circulación, en las manos de individuos, empresas, instituciones, incluyendo los bitcoins que se consideran perdidos. No descartemos que sea un gobierno el que realice el ataque cuántico que termine robando los BTC de Satoshi.
Dependiendo de la estrategia de custodia hay distintos riesgos. Como suele decirse, si no son tus llaves, no son tus monedas: cualquier BTC en manos de custodios como exchanges es presa de confiscaciones en casos extremos. España ya pavimenta el camino para confiscaciones justificadas en evasión fiscal.
Los argentinos recordarán bien el Corralón de 2002 –no el Corralito– en que Eduardo Duhalde obligó la conversión en pesos de todos los depósitos en dólares, justificado en la Ley de Emergencia Pública y la Reforma del Régimen Cambiario. Esto también sucedió en México (1982); Bolivia (1982); Perú (1985), solo por mencionar los casos regionales. Si ya se hizo con dólares, ¿qué impide que suceda con bitcoin?
Obviamente sería una medida sumamente impopular en tanto que no supone cambiar un dinero malo por uno peor, sino robar el activo más escaso del mundo por algo que se puede imprimir a placer.
El caso de una autocustodia secreta sin KYC suena ventajoso, pero también tiene sus riesgos. Ya se ha amenazado en el pasado de restringir la autocustodia; en ese escenario, si llegaran a enterarse que tienes BTC sin declarar, tendrían la justificación legal para intentar expropiarte. Claro, sabemos que la inconfiscabilidad de un bitcoin bien resguardado introduce fricciones a este escenario, pero poca gente se resiste a un buen ataque de llave inglesa.
La intención de todo esto no es causar pánico ni paranoia. Es ser realistas. Es un llamado a la reflexión y a la privacidad. Nadie debe descartar estos escenarios a la hora de decidir cómo resguardar su propiedad y siempre es necesario recordar que las nuevas administraciones gubernamentales pueden traer cambios imprevisibles. La libertad no es algo que pueda darse por sentado.
Como mencionamos, no es la primera vez en la historia que cambios profundos en el orden monetario global causan confiscaciones. En el siglo XX, como mencionamos, fue la caída del Patrón Oro. En el siglo XXI, este experimento de apenas 50 años que es el Patrón Fíat se está tambaleando, y hay altas probabilidades de que Bitcoin se vuelva la base del próximo orden monetario. Y en ese contexto, a muchos regentes no les temblará el pulso para confiscar.