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Kentucky, en Estados Unidos, promulgó esta semana la ley HB 701, que establece “derechos de Bitcoin” y fomenta el uso de criptomonedas en el estado. La legislación, disponible en el sitio oficial de la legislatura estadal, busca posicionar a esa región como un entorno favorable para las criptomonedas.
Como lo reportó CriptoNoticias, el gobernador Andy Beshear promulgó el proyecto HB 701, el cual fue presentado a mediados de febrero por los congresistas Adam Bowling y T.J. Roberts, quienes se enfocaron en establecer un marco legal claro en torno a la tecnología inherente a Bitcoin y sus usos.
Esta normativa ampara los “derechos de Bitcoin”, término que ha sido utilizado por organizaciones como Satoshi Action Fund, la cual ha impulsado abiertamente los más de 90 proyectos de ley vinculados a Bitcoin que se han discutido en los últimos meses en las legislaturas regionales de Estados Unidos.
El lunes, la organización, liderada por el bitcoiner y entusiasta Dennis Porter, celebró que el gobernador Beshear promulgara la “Ley de Derechos de Bitcoin”, y destacó que, a partir del 7 de mayo (cuando entra en vigor la legislación), la voluntad de millones de estadounidenses para usar BTC y criptomonedas “estará protegida, sin discriminación”.
Ahora bien, ¿qué son los “derechos de Bitcoin” que ahora están consagrados en la nueva ley del estado de Kentucky? CriptoNoticias revisó a detalle la ley para responder esta incógnita.
En general, estos “derechos” no son más que los beneficios claros con los que ahora gozan todos los usuarios de criptomonedas de Kentucky, quienes ahora tienen libertad para darle utilización a estos activos digitales para distintos motivos y sin temor a alguna restricción.
- Exención de impuestos en transacciones con criptomonedas
Uno de los derechos de Bitcoin plasmados en la ley tiene que ver con que las transacciones con criptomonedas no estarán sujetas a impuestos, retenciones ni cargos extras derivados exclusivamente de su uso como método de pago.
Esto significa que, según la nueva ley de Kentucky, cuando alguien usa bitcoin u otra criptomoneda para pagar por bienes o servicios legales, esa transacción específica no generará impuestos adicionales solo por el hecho de haber utilizado un activo digital como forma de pago. En otras palabras, el acto de usar BTC como dinero para comprar algo no acarrea una penalización fiscal o administrativa únicamente por esa elección de método de pago.
Sin embargo, esto no exime a los usuarios de obligaciones fiscales aplicables a operaciones con moneda de curso legal en Estados Unidos. Esta disposición aclara que, aunque el uso de BTC como medio de intercambio está protegido, los impuestos sobre ganancias o ingresos asociados a su valor seguirán vigentes según las normativas federales y estadales existentes.
La exención busca incentivar el uso de activos digitales en el comercio diario, eliminando barreras económicas que podrían desalentar su adopción frente al dólar.
- Protección a la autocustodia de bitcoin
El otro derecho de Bitcoin consagrado en la jurisprudencia de Kentucky es la autocustodia de bitcoin y criptomonedas, acción que permite a los individuos almacenar sus propios activos digitales sin depender de intermediarios.
Esta medida ahora está protegida en ese estado tras la promulgación de la ley, lo que refuerza la autonomía de los usuarios de criptomonedas en Kentucky.
Al garantizar este derecho, la ley reconoce la importancia de la libertad personal en la gestión de bitcoin y otros activos digitales, alineándose con los principios de descentralización que caracterizan a estas tecnologías. Esto podría atraer a residentes y empresas que valoran el control directo sobre sus fondos digitales.
- Regulación para mineros de Bitcoin y operadores de nodos
Ahora está protegido por la legislación de Kentucky la operación de nodos en redes descentralizadas y distribuidas, así como el ejercicio de la minería de Bitcoin u otra criptomoneda. Se permite a los operadores participar en protocolos y transferir activos digitales, sin temor a que esta actividad se considere la oferta o venta de títulos valores, reduciendo así los riesgos legales asociados a estas actividades.
La HB 701 ofrece claridad regulatoria a una industria que ha enfrentado incertidumbre en varios estados del país. Al proteger a los operadores de nodos y mineros, Kentucky fomenta el desarrollo de la infraestructura tecnológica necesaria para las criptomonedas, lo que podría posicionar al estado como un centro de innovación en este campo.
La minería, que implica validar transacciones y asegurar la red, queda así respaldada por un marco legal definido.
Por otro lado, la ley también ampara las actividades de staking, que es una práctica común en ciertas redes como Ethereum, Cardano y Solana, que implica bloquear criptomonedas para apoyar la red a cambio de recompensas.
Además, se exime de responsabilidad a quienes operan nodos o proveen servicios de staking por transacciones específicas, siempre que su rol se limite a validarlas, lo que ofrece seguridad jurídica a los participantes.
Kentucky como pionero en la adopción de criptomonedas
Con estas disposiciones, Kentucky se suma al creciente grupo de estados que han legislado a favor de las criptomonedas y que suman más del 70% de las jurisdicciones de EE. UU., hasta ahora.
La HB 701 no solo incentiva su uso como medio de pago, sino que también protege a los actores involucrados en la infraestructura subyacente de estas tecnologías.
La aceptación de activos digitales como BTC para transacciones cotidianas, podría facilitar su adopción entre comerciantes y consumidores. Mientras que la exención fiscal, la claridad en la operación de nodos buscan y la protección de la minería digital, elimina obstáculos para su crecimiento.
La ley llega en un momento en que las criptomonedas ganan terreno globalmente, con debates regulatorios intensos en Estados Unidos. Kentucky opta por un modelo que promueve su uso sin imponer cargas adicionales, diferenciándose de estados con posturas más centradas.
Con su nueva ley, esta región del centro-este de EE. UU. establece un precedente que podría influir en otras jurisdicciones. Aunque su impacto dependerá de cómo los comerciantes, mineros y usuarios adopten estas disposiciones en la práctica.
Por ahora, la legislación marca un paso hacia la normalización de Bitcoin y otros activos digitales en la vida cotidiana del estado.