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Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay tras la caída de Ueno Bank

source-logo  criptonoticias.com 06 Noviembre 2026 09:48, UTC
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El presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia al cargo este jueves 5 de noviembre de 2026, acorralado por el colapso financiero de Ueno Bank y la inminente amenaza de un juicio político en el Congreso Nacional.

Esta dimisión anticipada del mandatario, cuyo periodo constitucional debía extenderse hasta 2028, se produce luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) decretara el cierre definitivo y la resolución de la institución bancaria con mayor cantidad de usuarios del país.

La crisis que derivó en la caída del jefe de Estado comenzó a gestarse cuando, tal como lo reportó CriptoNoticias, el ente regulador detectó un descalce patrimonial masivo en Ueno Bank tras una revisión de sus estados financieros, revelando que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido.

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Frente a este panorama, las autoridades dictaminaron la interrupción inmediata de todos los servicios de la plataforma, incluyendo aplicaciones y tarjetas, desencadenando un escenario de insolvencia que dejó sin acceso a su dinero a casi tres millones de clientes, cifra que representa cerca del 60% de la población adulta paraguaya.

Este repentino bloqueo de fondos no solo inmovilizó los depósitos de los ahorristas minoristas, sino que también atrapó capitales institucionales de gran envergadura.

Entre los principales afectados se encuentran la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), con más de 14,3 millones de dólares retenidos.

El impacto social más severo recae sobre el Instituto de Previsión Social (IPS), que mantiene comprometidos unos 380 millones de dólares correspondientes a los ahorros de más de 32.000 jubilados.

A medida que la magnitud del agujero financiero salía a la luz, el malestar escaló hacia las altas esferas del poder político.

En la Cámara de Diputados, un bloque de 35 legisladores presentó un proyecto de resolución para formular una acusación de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, amparándose en el artículo 225 de la Constitución.

El texto señalaba un claro conflicto de intereses, originado en la vinculación accionaria que el presidente mantuvo con Ueno Holding hasta el año 2025.

El aislamiento del mandatario se consumó definitivamente cuando Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y su principal mentor político, anunció públicamente su respaldo al proceso de destitución.

En las semanas previas al colapso de la entidad, Peña había desestimado reiteradamente las alertas sobre la fragilidad del banco. Llegó a calificar los sumarios del BCP como un «tema eminentemente técnico» y atribuyó los cuestionamientos a la «creación de algún medio de comunicación», pidiendo prudencia a la población.

Las repercusiones institucionales y penales del caso avanzaron con celeridad. Horas después de la intervención de la entidad, el presidente del BCP, Carlos Carvallo, se vio forzado a renunciar a pedido del Ejecutivo; un desenlace marcado por el hecho de que él mismo había presidido la financiera Ueno entre 2021 y 2023.

Paralelamente, el Ministerio Público ordenó la captura de ocho altos directivos bajo cargos de lesión de confianza. Entre los detenidos, que ya se entregaron y encuentran bajo custodia policial, figuran el CEO del banco, Miguel Vázquez, y el presidente de la institución, Juan Manuel Gustale.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L

— Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

La implosión simultánea de la máxima autoridad política del país y de su institución financiera más popular expone nuevamente las vulnerabilidades estructurales del sistema bancario tradicional.

En escenarios de gestión centralizada, los descalces patrimoniales y los conflictos de intereses terminan por congelar el acceso al capital de los usuarios mediante decisiones unilaterales.

Ante la fragilidad de estas infraestructuras basadas en intermediarios que requieren garantías estatales para cubrir las pérdidas, la adopción de redes descentralizadas como bitcoin bajo esquemas de autocustodia se consolida como una vía tecnológica efectiva para garantizar que los individuos puedan resguardar su patrimonio de manera inconfiscable, conservando el control absoluto de sus fondos al margen de las directrices políticas.

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