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La Ley de Protección al Contribuyente recientemente no logró pasar una votación procedimental en el Senado de los EE. UU. Con 57 senadores votando a favor de avanzar la medida y 43 en contra, no alcanzó los 60 votos necesarios para proceder. Esto no es el fin de la historia para esta idea política. Es el comienzo de una tendencia que caracterizará el final de este año y el próximo Congreso: el impulso por regular cada capa de la infraestructura digital y el sistema de IA.
Impulsada por el Senador Jon Husted (R-Ohio) y los Representantes Gabe Evans (R-Colo.) y Kathy Castor (D-Fla.), la Ley de Protección al Consumidor de Energía tiene como objetivo proteger a los hogares y pequeñas empresas de pagar por la infraestructura necesaria para grandes centros de datos. Esta requeriría que los reguladores estatales de servicios públicos y ciertas empresas de servicios consideren estándares bajo los cuales las instalaciones informáticas con una demanda pico de electricidad de al menos 100 megavatios cubran la totalidad de los costos incrementales de generación de energía y las mejoras en la red necesarias para atenderlas. Los estados mantendrían la autoridad para decidir si adoptan dichos estándares.
Rashan Colbert es el Director de Política de EE.UU. y Líder de Política del Consejo de Energía Digital en el Crypto Council for Innovation
Las redes de IA y activos digitales operan en instalaciones que requieren electricidad, equipos, terreno y conexiones a la red eléctrica. A medida que estas instalaciones crecen, las decisiones públicas sobre sus costos e impactos ayudarán a determinar dónde y con qué rapidez pueden construirse. Los planes de una empresa para la capacidad informática dependen de si una empresa de servicios públicos puede suministrar energía y de si la comunidad circundante tiene confianza en el proyecto. En el Crypto Council for Innovation (CCI), vemos que estas cuestiones se están volviendo centrales en el entorno político para los activos digitales y la economía digital en general.
El Congreso está respondiendo a una creciente preocupación pública sobre si los hogares y pequeñas empresas pagarán por las actualizaciones de la red que requieren los grandes centros de datos. La Cámara aprobó la Ley de Protección del Consumidor de Tarifa con un resultado de 417 a 3. El debate en el Senado se ha centrado en si solicitar a los estados que consideren un estándar de recuperación de costos es suficiente. Esa cuestión persistirá, junto con la creciente presión para explicar cómo el país puede construir la infraestructura que requiere su economía digital mientras protege a las comunidades que la albergan.
