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El próximo 1 de enero entrarán en vigor las normativas para regular a las plataformas de criptomonedas que operan en España. Una serie de reglas que se aplicarán en el país, en función de lo establecido en el Reglamento para el Mercado de Criptoactivos (MiCA) aprobado en la Unión Europea (UE).
Según los datos que muestra el registro de proveedores de servicios del Banco de España (BDE), en lo que va de 2024 se han inscrito unos 37 proveedores de servicios con bitcoin (BTC) y demás criptomonedas, para un total de 128 empresas autorizadas para operar en el país ibérico.
Tomando en cuenta el número de autorizaciones que se otorgaron el año pasado, puede considerarse que el registro marcha a un ritmo más o menos estable, aunque es una cantidad baja en relación a 2022, cuando se abrió el proceso y se dio autorización a más de 50 empresas.
No obstante, si se considera que solo faltan dos meses y medio para la entrada en vigor de la nueva regulación, puede decirse que las autorizaciones marchan a ritmo lento.
Las inscripciones solo han aumentado casi en 8% desde agosto pasado. Esto significa que faltarían aun muchos proveedores de servicios por registrarse, pues –de acuerdo con las cifras reveladas por Jesús Pérez, fundador de Crypto Plaza–para 2023 ya había más de 200 compañías relacionadas con criptomonedas funcionando en España.
En ese sentido, es de esperar que en los próximos meses se aceleren las solicitudes de registro, al ser un requisito fundamental para seguir operando tanto España como en el resto de la UE. Así lo establece el nuevo reglamento, siendo la inscripción en el Banco de España una condición obligatoria. Este organismo, junto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), fue designado por el gobierno para supervisar al sector.
Tal como indica la más reciente actualización del BDE, la mayoría de las compañías aceptadas hasta ahora tienen su sede en ciudades de España, con algunas pocas que declaran tener su base de operaciones en países como Chipre, Italia, Malta, Austria, Lituania, Estonia, Eslovaquia, Irlanda y Países Bajos.
Destacan entre las autorizadas los exchanges de criptomonedas Bitpanda, Bit2Me, BitBase, Onyze y Binance España, así como Crypto.com. También se hallan en la lista algunas empresas web3 y desarrolladoras de tecnología, como Vottun; junto a algunas empresas que ofrecen servicios de custodia de criptoactivos, como Prosegur.
Todas estas compañías han cumplido con la serie de requisitos solicitados por el BDE, lo que incluye la entrega y certificación de una extensa documentación vía electrónica, que implica una serie de fases para concretar el registro.
La idea de muchos apunta a aprovechar el período de derechos adquiridos de 12 meses, que arrancará en enero, durante el cual las firmas autorizadas y las no autorizadas, «operarán al mismo tiempo». Sin embargo, España está entre los países con mayores desafíos para ajustarse a MICA, según lo manifestado por voceros de la CNMV.
Tal como informó CriptoNoticias en mayo pasado, tanto los reguladores como los exchanges y otros proveedores se ha visto forzados a contratar personal adicional para poder adecuarse a MiCA. Esto, como vía para acelerar los procesos que están resultando complejos.
Hay dificultades en toda la UE para adecuarse a MiCA
Al igual que otros territorios europeos, los reguladores de España deben trabajar con la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA). No obstante, la persistencia de muchas dudas sobre el cumplimiento está causando dificultades para que las empresas completen el registro, en toda la región.
Así lo refleja una encuesta puesta en marcha por la firma consultora Acuit, que está investigando el impacto de MiCA. Para ello, hace consultas a ejecutivos de más de 70 compañías, incluyendo exchanges, fondos de cobertura y empresas comercializadoras en el mercado de criptomonedas.
Los resultados apuntan a que sólo el 9% de las plataformas de criptomonedas, incluyendo las de España, están preparadas para cumplir con la normativa. Un cuarto de ellas dice que apenas está en fase de preparación, y un tercio cree que están avanzadas y más de 25% no han hecho nada.
Justamente, la mayoría de las dudas giran en torno a la licencia que se debe solicitar ante las autoridades. Hay incertidumbre entre algunas firmas que no saben si están o no sujetas a MiCA. Muchos fondos de cobertura, empresas de negociación por cuenta propia, y gestores de activos piensan que no tienen que cumplir con esta ley.
Las preocupaciones también están presentes en las autoridades competentes de los 27 países de la eurozona, pues en muchos de ellos apenas se está comenzando a avanzar en la transposición de las normas MiCA a sus respectivas regulaciones.
Todo esto ocurre al tiempo que los organismos supervisores de la UE instan constantemente a las empresas para definir su estatus regulatorio con prontitud y seguir medidas de cumplimiento. Los llamados aumentan a medida que se acerca la fecha límite de implementación de la normativa a finales de este año.