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La empresa Nimbus con sede en Malta, ha sido acusada de crear un entramado internacional con el fin de desviar el dinero en criptomonedas por cientos de ahorradores, según informan la Fiscalía y la Guardia Civil, que quieren ntervenir los fondos millonarios localizados en 41 direcciones electrónicas vinculadas a Nimbus. Según varios escritos remitidos al Juzgado de Instrucción 4 de Huelva, en sus informes aseguran que pueden albergar en el extranjero hasta 228 bitcoins, superando así los 12 millones de euros con la cotización actual, informa 'El País'.
El ministerio público y el instituto armado creen necesario dictar comisiones rogatorias al extranjero para identificar a los responsables de las cuentas bajo sospecha y ordenar el “secuestro judicial” de las cantidades allí depositadas. Los investigadores afirman que con estas medidas que tratan de evitar que se pierda una parte de los fondos presuntamente estafados que el instituto armado habría podido localizar, siguiendo el rastro de los movimientos de criptomonedas desarrollándose en torno a la plataforma Nimbus, la cual se halla bajo sospecha y a la que vinculan con un exconsultor del Banco Mundial, identificado como el antiguo consejero delegado de la compañía Andrea Zanon.
La Fiscalía por su parte cree que existen indicios de que la empresa generó un sistema de “captación maliciosa” de fondos para su posterior desvío a terceras personas, prosigue el medio. Nimbus ofrecía a los ahorradores gestionar sus carteras de bitcoins prometiéndoles que su “revalorización” se convertiría posteriormente en un reparto de beneficios. De este modo, al depositante se le entregaba un certificado electrónico denominado token, el cual "representaba titularidad o el derecho de recibir una cantidad de bitcoins”, pero según aseguran la tesis del ministerio público y los investigadores en sus informes, esta fórmula escondía otras intenciones.
“La organización criminal” como denominaría la Fiscalía al grupo de sospechosos, sostiene en que su función era recabar el mayor volumen de fondos con el objetivo de “generar un capital suficiente para mantener durante un tiempo duradero la apariencia de una actividad inversora capaz de reportar y soportar ganancias que los primeros depositantes pudieran considerar legítimas”.
Se han detectado, gracias a la Guardia Civil, “múltiples transferencias agregadas” cuya función es impedir seguir el rastro de los bitcoins. La Guardia Civil cifró en un primer escrito, en 135,8 millones de dólares (más de 110 millones de euros) el fraude colectivo supuestamente cometido por la compañía al juzgado a principios de 2021.